Mostrando entradas con la etiqueta El popular. Mostrar todas las entradas
Mostrando entradas con la etiqueta El popular. Mostrar todas las entradas
viernes, 25 de mayo de 2012
jueves, 17 de mayo de 2012
Editorial El Popular
Editorial El Popular
Estamos a poco más de una semana de las elecciones internas del Frente Amplio en las que se elegirá por votación directa todo el sistema de dirección de la coalición de izquierda para el nuevo período.
Sólo este hecho transforma a las elecciones del 27 de mayo en un hecho político central para el país y para su gente.
Pero hay varias maneras de pararse ante las elecciones del FA. Una de ellas es hacerlo solo desde una perspectiva interna, debatiendo la situación del FA, de su estructura, sus problemas, casi al margen de la situación nacional. Otra es hacerlo con una perspectiva más amplia, vinculando estas elecciones a la gestión de gobierno, al proceso de cambios y a las necesidades que este plantea a la fuerza política. Estas dos visiones han sido predominantes en los debates y en los enfoques del debate frenteamplista.
Las respetamos y valoramos pero creemos que pecan de reduccionismo y minimizan lo que entendemos es el aspecto central: el enfrentamiento de dos proyectos de país y la confrontación con la derecha.
Es desde ese punto que hemos intentado pararnos desde el principio y es desde allí que realizamos propuestas, debatimos y militamos.
El Frente Amplio es el instrumento político fundamental que tiene el movimiento popular uruguayo para pelear por su proyecto de país y luchar por la hegemonía (en el sentido gramsciano) contra el bloque de poder de las clases dominantes. Esa es la hegemonía que está en juego y esa lucha involucra la gestión de gobierno, pero no se agota en ella, necesita de la acción y de la lucha política, necesita del Frente Amplio.
Los cambios concretados en los dos gobiernos nacionales del Frente Amplio y en los gobiernos municipales han transformado en varias esferas al país y han mejorado la vida de los uruguayos.
La ofensiva del status quo. La derecha, política, social y mediática resiste esos cambios, quiere frenarlos y quiere volver atrás.
Para ello ha desatado una ofensiva en todos los ámbitos de la sociedad. Algunas expresiones de está ofensiva son: La campaña de firmas para la baja de la imputabilidad y la campaña política y mediática sobre la inseguridad, incluyendo la ultra difundida marcha apolítica, convocada y organizada por operadores de Pedro Bordaberry ; la defensa irrestricta de la impunidad y el respaldo a los impunes; el rechazo, incluso con presentación de denuncia ante la OIT, de la negociación colectiva; el cuestionamiento a los Consejos de Salarios; los ataques permanentes, incluyendo una interpelación al ministro Daniel Olesker, a las políticas sociales y a la labor del MIDES; el ataque sistemático a la integración regional y al proceso de unidad latinoamericana; la oposición férrea al pago de impuestos por la concentración de la tierra; el rechazo virulento a la idea de un proyecto que limite la extranjerización de la tierra; la campaña permanente de desprestigio de la educación pública y de la autonomía; la ofensiva para frenar la reforma de la salud y la defensa de las instituciones de la salud como generadoras de lucro; el anuncio de los usufructuarios, aunque ellos se auto designen como “propietarios”, de los canales de televisión abierta, de su rechazo al decreto de TV Digital y su negativa a participar de una licitación abierta, concurso y pago de canon, para las futuras concesiones.
Muchas veces, desde la izquierda, se cae en el error de analizar y responder a cada una de estas cosas como aisladas y sin relación. Esto conduce a dos errores: no percibir la dimensión real de la batalla planteada, que es por toda la sociedad y en todos los temas; y, por otro lado, ensayar respuestas aisladas, que generan contradicciones, confusión, divisiones parciales e incluso colocan el eje en las dificultades de la izquierda o del gobierno y no en la propuesta regresiva de la derecha, en su práctica social y política, en los problemas que estas generaron y generan en la sociedad y que aún falta mucho para poder superar. Incluso algunos compañeros repiten como muletilla que la derecha no tiene proyecto, sí lo tiene, se llama capitalismo y se apellida neoliberalismo y le funciona tan bien que nos tiene metidos adentro de él y sigue siendo hegemónico en la sociedad, no en el plano político, pero sí en el plano del sentido común dominante, de los valores.
¿Esta afirmación pretende negar u ocultar los problemas en la gestión de gobierno, en el accionar y falta de convocatoria del Frente Amplio? En lo absoluto, existen, requieren atención y respuesta, hay que enfrentarlos y resolverlos, en unidad. Pero no hay que olvidar el escenario grande en el que luchamos y a quién tenemos enfrente.
La inseguridad. Es bien diferente, por ejemplo, abordar la seguridad y el delito, desde esta concepción que hacerlo como pretende la derecha y la campaña mediática, como si solo fuera una anormalidad a corregir y se solucionara con dos o tres medidas represivas.
La derecha busca instalar, y en gran medida lo logra, que el problema de la inseguridad es responsabilidad del gobierno del Frente Amplio y que su solución definitiva pasa casi exclusivamente por un tema policial.
Eso es falso, es mentira y hay que decirlo y dar la batalla política e ideológica. No es inocente la derecha que devastó la sociedad, que aplicó 30 años ininterrumpidos de neoliberalismo, que destruyó el tejido social, que arrojó a la mitad de la población al abandono y la exclusión, que promovió y promueve un sistema de valores donde el consumo y el individualismo son el santo y seña. ¿Alguien pensó que la crisis bestial del 2002 y su devastación social nos iban a salir gratis? El consumismo como objetivo individual y generador de status social trae como contrapartida la violencia de los excluidos, son dos caras de la misma moneda. Basta con mirar el mundo y verlo.
¿Es inocente acaso pedir más represión y juntar firmas contra los jóvenes mientras se reclama recortar los programas sociales? ¿Es inocente acaso difundir hasta el morbo a los jóvenes que delinquen sabiendo que esto, como está comprobado en todo el mundo, fortalece los liderazgos o los construye entre los jóvenes marginados? ¿Es inocente la transformación de la violencia en espectáculo? ¿Eso ayuda a combatir la inseguridad?
Volvemos a reiterar, esto no oculta las dificultades de la izquierda y del gobierno para asumir estos desafíos y dar respuestas concretas, existen, son objetivas y deben ser corregidas. La confusión generada por la ultra difundida marcha es una muestra de ello.
El problema de la inseguridad no tiene solución fácil, ni se arregla cobrando al grito y sustituyendo los mega operativos por cacheos generalizados. Es un profundo problema social y requiere para enfrentarlo un compromiso de la sociedad toda, en distintos niveles, el gobierno en su papel y los ciudadanos en el suyo. Justo lo que la derecha no quiere, una ciudadanía activa y participando, haciéndose responsable de su acciona y de la vida de la sociedad.
La Policía deberá mejorar su actuación, seguir profundizando su transformación y capacitarse para enfrentar las nuevas formas del delito; hay que seguir el camino iniciado en el gobierno del FA de combatir el narcotráfico y su red de corrupción y violencia; hay que mejorar las cárceles y agilizar los cambios que ya están planteados. Hay que darles a las y los uruguayos garantías sobre su vida y su tranquilidad.
Pero también hay que decirles que se requiere cambiar a fondo para que esto no se proyecte en el futuro y cortar el espiral de violencia y exclusión. Hay que reprimir el delito y a la vez hay que incluir socialmente y darles perspectivas colectivas, más allá de la selva del sálvese quién pueda, a los jóvenes y mayores excluidos. Las dos cosas son necesarias.
El 27 de mayo. Es en este escenario que valoramos las elecciones del 27 de mayo. Para las transformaciones necesarias en el Uruguay se necesita una izquierda fuerte y a la ofensiva.
Que profundice los cambios, con una mejor gestión de gobierno. Pero también se necesita una fuerza política, el Frente Amplio, parada en el centro del escenario político nacional, dando la batalla política, ideológica y cultural. Organizando la gente y movilizándola para seguir construyendo un Uruguay mejor y no retroceder hacia el Uruguay partido, de exclusión, que dicho sea de paso, solo traerá más violencia e inseguridad.
Para que el Uruguay siga cambiando, para que lo que se ha cambiado no tenga marcha atrás, se necesita más y mejor Frente Amplio.
Un Frente Amplio comprometido con el gobierno, sí, pero no reducido a la gestión o a su apoyo, fuertemente relacionado con el movimiento popular organizado y con el pueblo no organizado, articulador de las demandas y promotor de la organización y la lucha contra la derecha.
Un Frente Amplio dando la lucha política e ideológica. Un Frente Amplio defendiendo y construyendo un proyecto de país distinto, con valores distintos, dando la pelea cultural en toda la sociedad.
Este proceso no empieza ni termina el 27 de mayo, pero tiene un momento trascendente el domingo y la cita es para todas y todos.
viernes, 4 de mayo de 2012
sábado, 21 de abril de 2012
domingo, 20 de noviembre de 2011
Editorial de El popular. Terrorismo de Estado o Estado terrorista.
Terrorismo de Estado o Estado terrorista. Editorial de El Popular-18/11/2011.
La publicación de dos tomos de actualización de la investigación de un equipo de la UDELAR sobre el terrorismo de Estado, en convenio con el Poder Ejecutivo, es un hecho de gran significación que no debe pasar inadvertido.
El trabajo del equipo que coordina el decano de la Facultad de Humanidades, Alvaro Rico, es de enorme importancia democrática.
En él se hacen públicos 1.500 documentos hasta ahora desconocidos de 5 archivos militares y policiales sobre la represión durante la dictadura. Los nuevos archivos a los que accedieron los investigadores son: 1) un voluminoso archivo microfilmado con materiales del Servicio de Información de la Defensa (SID) y del Organismo Coordinador de Operaciones Antisubversivas (OCOA); 2) el de la Dirección Nacional de Policía Técnica; 3) un cuerpo de archivos que está en el Ministerio del Interior, el archivo de Legajos Prontuariales y el archivo de la Dirección Nacional de Migración; 4) el archivo de expedientes de la Justicia Militar y 5) un depósito de fichas clínicas pasivas en el Hospital Militar.
Otra mentira que se derrumba.
La primera conclusión que hay que señalar es la existencia de archivos del terror. Durante 25 años los represores, militares y civiles, la derecha política y los medios de comunicación que le responden, dijeron que no había documentación, que no existían archivos. Esa fue la respuesta, repetida sistemáticamente, que recibieron los familiares de desaparecidos, los periodistas que investigaron, la Justicia cuando demandó información y hasta el Parlamento. Esa respuesta fue el santo y seña, durante 25 años, de los Comandantes en Jefe del Ejército, particularmente el general Hugo Medina y el general Fernán Amado y especialmente, del campeón de la impunidad y el ocultamiento, Julio María Sanguinetti.
Los hechos hablan por sí solos. Mintieron. No es un asunto baladí esta constatación y debe ser señalada con énfasis. Durante 25 años se ocultó a sabiendas y mintiendo información que habría permitido aclarar la situación de varios compañeros y compañeras desaparecidos, encontrar niñas y niños que estaban en manos de militares y policías. Los archivos siempre estuvieron allí y ellos, militares y civiles, mintieron para proteger a los represores, a los impunes y a la impunidad. Mantuvieron secuestrada esa porción de la verdad e impidieron la justicia. También en esto, quienes denunciamos y reclamamos, dijimos la verdad.
Como contraposición a esta conducta de mentira y ocultamiento desde la derecha militar, civil y mediática, cabe destacar lo que se logró en la lucha contra la impunidad por verdad y justicia.
La conjunción de la lucha inclaudicable de los familiares de las víctimas; el valor de las víctimas para superar el dolor y denunciar; la movilización sin pausas del movimiento popular, en particular del PIT-CNT y la FEUU; la decisión de periodistas y medios que casi en soledad investigaron; la capacidad y compromiso de los equipos de la UDELAR, tanto en el terreno de la investigación histórica como en el de las excavaciones arqueológicas; el civismo de jueces, fiscales y abogados y la voluntad política de los dos gobiernos del Frente Amplio. Así se abrieron las puertas de la verdad y el camino de la justicia.
Falta mucho, en el camino hubo dolorosas contradicciones y las sigue habiendo, pero ello no puede opacar los avances logrados y la derrota ética y política que se le infligió a la impunidad.
El Estado terrorista.
La investigación publicada en dos tomos viene a sumar a la oleada de denuncias sobre el terrorismo de Estado y jaquea a la impunidad.
Los 1.500 documentos aportados por la investigación de la UDELAR permiten reconstruir hechos, aportar datos a la Justicia y todo ello es trascendente, pero implican un aporte fundamental en otro terreno: desnudar la dimensión real del terrorismo de Estado, su carácter institucional y planificado.
Alvaro Rico expresó con claridad algunas conclusiones lapidarias. “El Estado fue la dictadura”, afirmó demoliendo la teoría de los dos demonios. Según Rico, estos 1.500 documentos demuestran el carácter “sistemático, planificado, coordinado, institucional y a gran escala del sistema represivo”.
Es todo el aparato del Estado, desde la Presidencia y la Junta de Comandantes, hasta las Juntas de Vecinos, al servicio de la represión y el disciplinamiento. Millones de dólares del Presupuesto Nacional invertidos para vigilar, perseguir, torturar, asesinar y desaparecer. Más de 50 cuarteles funcionando como cárceles y centros de tortura.
Se vigilaron a cientos de miles de uruguayas y uruguayos. Se vigilaron centros de trabajo, de estudio, clubes deportivos, cines, teatros, iglesias y sinagogas.
Fue el Estado todo, dirigiendo, planificando y ejecutando el terror contra toda la sociedad. Y esta conclusión ya no es una denuncia, está probada por los documentos que produjo la burocracia del terror.
Alvaro Rico, lo señala con claridad: “El objetivo de la represión fue la sociedad en su conjunto. El objetivo estratégico de la dictadura fue cambiar el tipo de sociedad. Montaron una sociedad vigilada, una sociedad del miedo, de la desconfianza, organizada en torno a lo punitivo, a la competencia”.
Establece además la relación entre ese pasado, que la impunidad mantuvo vigente y operando durante 25 años, y el presente democrático y sus problemas.
“No solo reconstruimos el contexto histórico de la desaparición de las personas o del asesinato político; nuestra investigación también contiene claves para entender ciertos patrones culturales y ciertos cambios en las relaciones sociales y en la subjetividad de los uruguayos en el presente. Es posible explicarnos el presente democrático en función de la relación que entablemos con el pasado reciente dictatorial”, sostuvo.
Por eso es tan importante terminar con la impunidad, que es lograr la verdad y la justicia, y por lo tanto terminar con la mentira. No se trata sólo de justicia con el pasado, se trata de construir un futuro de libertad arrancando las espinas clavadas en el cuerpo social que nos atan, interesadamente, a un pasado de barbarie, de miedo y de represión.
Terminar con la mentira y la impunidad es un requisito imprescindible para ser más libres. En eso estamos.
Editorial de El Popular-18/11/2011.
domingo, 16 de octubre de 2011
lunes, 10 de octubre de 2011
sábado, 17 de septiembre de 2011
Editorial El Popular nº156: La denuncia de 46 compañeros y la esencia de la impunidad
Se concretará en las próximas horas una nueva iniciativa que apunta al corazón de la impunidad. Un colectivo de 46 ex presas y ex presos políticos, la mayoría de ellos en ese momento militantes de la Unión de la Juventud Comunista y casi todos jóvenes militantes estudiantiles, presentarán una denuncia por torturas en la Dirección Nacional de Información e Inteligencia de la Policía entre los años 1972 y 1983.
En la denuncia patrocinada por el abogado Pablo Chargonia se acusa a 12 oficiales de inteligencia policial, entre ellos Ricardo «Conejo» Medina, hombre del Organismo Coordinador de Operaciones Antisubversivas (OCOA), ya condenado por la justicia y preso, por violaciones a los DDHH e implicado y aún impune, por su participación en el asesinato en tortura de Alvaro Balbi y la desaparición de María Claudia García Irureta Goyena de Gelman. Esta denuncia contribuye a la lucha general por terminar con la impunidad de los crímenes de lesa humanidad del terrorismo de Estado en varios aspectos.
Cumplir la sentencia de la CIDH.
La denuncia, se suma a los 135 casos por violaciones de DDHH que el Poder Ejecutivo identificó en 16 juzgados de Montevideo y 8 juzgados de 7 departamentos del país, cuya nómina completa fue publicada por EL POPULAR (N° 154). A ese universo judicial se sumarán las nuevas denuncias que se presentarán en los próximos días y las que no fueron identificadas en el relevamiento, por lo que nos aproximaremos a los 200 casos. Todo ese universo de casos está técnicamente abierto, luego de la sentencia de la Corte Interamericana de DDHH en el caso Gelman que ordena al Estado que la Ley de Caducidad «carezca de efectos jurídicos» y «no vuelva a representar un obstáculo para la investigación, identificación de los responsables y establecimiento de la sanciones». El cumplimiento de la Sentencia de la Corte Interamericana de DDHH a cabalidad no es el máximo exigible al que podemos aspirar, por el contrario, es el mínimo aceptable. Su cumplimiento es una obligación para los tres poderes del Estado: el Ejecutivo, el Judicial y el Legislativo. El Poder Ejecutivo ha dado pasos concretos e importantes: Revocó los decretos de Sanguinetti, Lacalle y Batlle; publicó los casos; comunicó la sentencia a los otros poderes; prepara un acto público donde asumirán la responsabilidad los tres poderes del Estado; ubicará en la ex sede del SID a la Institución Nacional de DDHH, entre otros. El Poder Judicial tiene el enorme desafío de hacer avanzar las causas, investigar y condenar a los responsables. Es un enorme trabajo, de difícil abordaje con la estructura actual del Poder Judicial. ¿No será necesario crear juzgados y fiscalías especializadas y dotarlas de recursos humanos y materiales para investigar? Parece que sí, eso y mucho más. El Poder Legislativo debe adoptar las medidas imprescindibles y los instrumentos legales para garantizar que las investigaciones no tengan obstáculos. Eso vale fundamentalmente en dos aspectos: liquidar formalmente la Ley de Caducidad e impedir, como también dice la Sentencia de la CIDH que no se aplique «ningún instrumento análogo como la prescripción». En el PIT-CNT, en coordinación con un amplio abanico de organizaciones sociales, se analiza la idea de una ley que establezca, sin lugar a dudas que es norma nacional el contenido de la sentencia de la CIDH, puede ser un camino.
Crimen de lesa humanidad e impresciptible.
El escrito de denuncia presentado por Chargonia se mete de lleno en la polémica por el supuesto límite de noviembre y la prescriptibilidad o no de los delitos del terrorismo de Estado. La denuncia es por «crimen de lesa humanidad , privación de libertad (art. 281), atentado a la libertad personal cometido por funcionario público encargado de una cárcel (art. 285), abuso de autoridad contra los detenidos (art. 286), pesquisa (art. 287), violencia privada (art. 288), amenazas (art. 290), lesiones personales (arts. 316 y ss.), violación (art. 272), atentado violento al pudor (art. 273)». «La violación planificada de derechos humanos encuadra la comisión de delitos calificados como de lesa humanidad, imprescriptibles e inamnistiables, cuya investigación y persecución penal constituye un deber estatal inevitable en protección de los derechos humanos. Las personas mencionadas no fueron víctimas de un delito ordinario sino de un crimen de lesa humanidad cometido por el aparato represivo estatal», afirma la denuncia, fundamentando esta posición en jurisprudencia nacional e internacional.
La tortura a juicio.
Otro aspecto trascendente de la denuncia de estos 46 compañeros y compañeras es que se realiza contra la tortura, la principal modalidad represiva de la dictadura en Uruguay, aplicada sistemáticamente contra más de 10 mil uruguayas y uruguayos y por la que, paradójicamente, no hay un solo represor procesado. «Los testimonios dan cuenta de operativos dirigidos contra militantes de la UJC en los años 1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1980, 1981 y 1983. La UJC y el PCU fueron objeto de los operativos denominados «Alemania», «Trabajo» y «Morgan»», indica la denuncia mostrando la extensión en el tiempo y la dimensión masiva de la práctica de la tortura, y por supuesto también, la resistencia de las y los militantes por la libertad y dentro de ellos de los comunistas. Los métodos de tormento fueron variados, en la denuncia se sostiene que se identificaron 26 formas de tortura aplicadas en nuestro país, entre las que destaca: plantones, encapuchamiento, picana eléctrica, submarino o tacho, colgamiento, caballete, estaqueamiento, violaciones, simulacros de fusilamiento y uso de drogas. Las 46 compañeras y compañeros, recordaron el horror y testimoniaron lo que les hicieron. Para ver de lo que hablamos, recogemos solo uno, el de una compañera que en 1983, cuando fue detenida tenía 21 años: «Termino en un lugar, creo que al fondo del segundo piso, allí comienzan a interrogarme. Me desnudan y me cuelgan de las muñecas, los brazos hacia atrás. Estando así me manosean y me lastiman los pezones. Me hacen el submarino con agua. Luego con capucha de nylon o algo así, y estando colgada y agarrada por dos o tres tipos, me violan por el ano y la vagina. Primero con un palo, y luego uno de ellos, produciéndome lastimaduras y pequeñas hemorragias en el intestino que me duran como diez días. Estando colgada me aplican picana en todo el cuerpo». Esta denuncia fue hecha, con valentía y dignidad, en 1985 en la Comisión Investigadora del Senado, hace 26 años. La Ley de Impunidad, el compromiso con la impunidad de la derecha, las mentiras y bombas de humo de los grandes medios y nuestras insuficiencias y errores han permitido que los responsables de esos hechos este impunes. Lo mismo ocurre con los otros 45 compañeros y compañeras y con miles de mujeres y hombres, cuyo único delito fue luchar por la libertad contra la dictadura. La necesidad de encontrar soluciones jurídicas y el debate político nos llevan a veces a llevar el tema de la impunidad a una abstracción que nos hace olvidar lo principal: que fue lo que hicieron los represores que la derecha ha mantenido y quiere mantener impunes. La lucha contra la impunidad y contra sus responsables, los impunes, no es una abstracción ideológica o un concurso académico de jurisprudencia, es fundamentalmente para que los que secuestraron, violaron, asesinaron y desparecieron paguen por sus crímenes. De eso estamos hablando. Las soluciones jurídicas podrán ser debatibles, académicamente se podrá sostener una u otra postura, políticamente se podrá analizar de una u otra manera, pero no hay que permitir que nos escamoteen el debate esencial. Todo se resume al principio y al final en si se está con la verdad y la justicia o si por acción u omisión se está con los impunes, que vale recordarlo una vez más: son secuestradores, torturadores, violadores, asesinos y desparecedores de seres humanos. Tan simple y diáfano como eso.
Cumplir la sentencia de la CIDH.
La denuncia, se suma a los 135 casos por violaciones de DDHH que el Poder Ejecutivo identificó en 16 juzgados de Montevideo y 8 juzgados de 7 departamentos del país, cuya nómina completa fue publicada por EL POPULAR (N° 154). A ese universo judicial se sumarán las nuevas denuncias que se presentarán en los próximos días y las que no fueron identificadas en el relevamiento, por lo que nos aproximaremos a los 200 casos. Todo ese universo de casos está técnicamente abierto, luego de la sentencia de la Corte Interamericana de DDHH en el caso Gelman que ordena al Estado que la Ley de Caducidad «carezca de efectos jurídicos» y «no vuelva a representar un obstáculo para la investigación, identificación de los responsables y establecimiento de la sanciones». El cumplimiento de la Sentencia de la Corte Interamericana de DDHH a cabalidad no es el máximo exigible al que podemos aspirar, por el contrario, es el mínimo aceptable. Su cumplimiento es una obligación para los tres poderes del Estado: el Ejecutivo, el Judicial y el Legislativo. El Poder Ejecutivo ha dado pasos concretos e importantes: Revocó los decretos de Sanguinetti, Lacalle y Batlle; publicó los casos; comunicó la sentencia a los otros poderes; prepara un acto público donde asumirán la responsabilidad los tres poderes del Estado; ubicará en la ex sede del SID a la Institución Nacional de DDHH, entre otros. El Poder Judicial tiene el enorme desafío de hacer avanzar las causas, investigar y condenar a los responsables. Es un enorme trabajo, de difícil abordaje con la estructura actual del Poder Judicial. ¿No será necesario crear juzgados y fiscalías especializadas y dotarlas de recursos humanos y materiales para investigar? Parece que sí, eso y mucho más. El Poder Legislativo debe adoptar las medidas imprescindibles y los instrumentos legales para garantizar que las investigaciones no tengan obstáculos. Eso vale fundamentalmente en dos aspectos: liquidar formalmente la Ley de Caducidad e impedir, como también dice la Sentencia de la CIDH que no se aplique «ningún instrumento análogo como la prescripción». En el PIT-CNT, en coordinación con un amplio abanico de organizaciones sociales, se analiza la idea de una ley que establezca, sin lugar a dudas que es norma nacional el contenido de la sentencia de la CIDH, puede ser un camino.
Crimen de lesa humanidad e impresciptible.
El escrito de denuncia presentado por Chargonia se mete de lleno en la polémica por el supuesto límite de noviembre y la prescriptibilidad o no de los delitos del terrorismo de Estado. La denuncia es por «crimen de lesa humanidad , privación de libertad (art. 281), atentado a la libertad personal cometido por funcionario público encargado de una cárcel (art. 285), abuso de autoridad contra los detenidos (art. 286), pesquisa (art. 287), violencia privada (art. 288), amenazas (art. 290), lesiones personales (arts. 316 y ss.), violación (art. 272), atentado violento al pudor (art. 273)». «La violación planificada de derechos humanos encuadra la comisión de delitos calificados como de lesa humanidad, imprescriptibles e inamnistiables, cuya investigación y persecución penal constituye un deber estatal inevitable en protección de los derechos humanos. Las personas mencionadas no fueron víctimas de un delito ordinario sino de un crimen de lesa humanidad cometido por el aparato represivo estatal», afirma la denuncia, fundamentando esta posición en jurisprudencia nacional e internacional.
La tortura a juicio.
Otro aspecto trascendente de la denuncia de estos 46 compañeros y compañeras es que se realiza contra la tortura, la principal modalidad represiva de la dictadura en Uruguay, aplicada sistemáticamente contra más de 10 mil uruguayas y uruguayos y por la que, paradójicamente, no hay un solo represor procesado. «Los testimonios dan cuenta de operativos dirigidos contra militantes de la UJC en los años 1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1980, 1981 y 1983. La UJC y el PCU fueron objeto de los operativos denominados «Alemania», «Trabajo» y «Morgan»», indica la denuncia mostrando la extensión en el tiempo y la dimensión masiva de la práctica de la tortura, y por supuesto también, la resistencia de las y los militantes por la libertad y dentro de ellos de los comunistas. Los métodos de tormento fueron variados, en la denuncia se sostiene que se identificaron 26 formas de tortura aplicadas en nuestro país, entre las que destaca: plantones, encapuchamiento, picana eléctrica, submarino o tacho, colgamiento, caballete, estaqueamiento, violaciones, simulacros de fusilamiento y uso de drogas. Las 46 compañeras y compañeros, recordaron el horror y testimoniaron lo que les hicieron. Para ver de lo que hablamos, recogemos solo uno, el de una compañera que en 1983, cuando fue detenida tenía 21 años: «Termino en un lugar, creo que al fondo del segundo piso, allí comienzan a interrogarme. Me desnudan y me cuelgan de las muñecas, los brazos hacia atrás. Estando así me manosean y me lastiman los pezones. Me hacen el submarino con agua. Luego con capucha de nylon o algo así, y estando colgada y agarrada por dos o tres tipos, me violan por el ano y la vagina. Primero con un palo, y luego uno de ellos, produciéndome lastimaduras y pequeñas hemorragias en el intestino que me duran como diez días. Estando colgada me aplican picana en todo el cuerpo». Esta denuncia fue hecha, con valentía y dignidad, en 1985 en la Comisión Investigadora del Senado, hace 26 años. La Ley de Impunidad, el compromiso con la impunidad de la derecha, las mentiras y bombas de humo de los grandes medios y nuestras insuficiencias y errores han permitido que los responsables de esos hechos este impunes. Lo mismo ocurre con los otros 45 compañeros y compañeras y con miles de mujeres y hombres, cuyo único delito fue luchar por la libertad contra la dictadura. La necesidad de encontrar soluciones jurídicas y el debate político nos llevan a veces a llevar el tema de la impunidad a una abstracción que nos hace olvidar lo principal: que fue lo que hicieron los represores que la derecha ha mantenido y quiere mantener impunes. La lucha contra la impunidad y contra sus responsables, los impunes, no es una abstracción ideológica o un concurso académico de jurisprudencia, es fundamentalmente para que los que secuestraron, violaron, asesinaron y desparecieron paguen por sus crímenes. De eso estamos hablando. Las soluciones jurídicas podrán ser debatibles, académicamente se podrá sostener una u otra postura, políticamente se podrá analizar de una u otra manera, pero no hay que permitir que nos escamoteen el debate esencial. Todo se resume al principio y al final en si se está con la verdad y la justicia o si por acción u omisión se está con los impunes, que vale recordarlo una vez más: son secuestradores, torturadores, violadores, asesinos y desparecedores de seres humanos. Tan simple y diáfano como eso.
viernes, 9 de septiembre de 2011
lunes, 5 de septiembre de 2011
La ética, la identidad y la justicia ¿prescriben?
La ética, la identidad y la justicia ¿prescriben?
Editorial El Popular N° 154
«Las preguntas no prescriben hasta que no se tienen respuestas. Si algo importa de los plazos es el tiempo que ha trascurrido sin el conocimiento de la verdad», dice en uno de sus pasajes la proclama leída el pasado martes en Plaza Libertad. Así es.
El poder de la derecha y de los medios de comunicación para torcer los ejes reales del debate en torno a la impunidad es muy grande. Cuando la Ley Interpretativa el eje que instalaron era si se respetaba o no la supuesta primacía de la democracia directa, -que siempre denostaron-, por sobre la representativa. Luego lo trasladaron a los problemas internos del Frente Amplio. Ahora parece ser que lo único que existe, en caso de que algo exista ya que también silencian e invisibilizan el tema, es la prescripción de los delitos en noviembre.
Ese poder de cambiar los ejes impacta en la sociedad en su conjunto, objetivo principal, pero también en la izquierda y en el movimiento social. Tienen una gran capacidad para ocultar el centro real del problema y de paso, volver a transformar a los victimarios en víctimas.
Ahora todo gira, cuando se habla del tema, en las soluciones jurídicas y/o legislativas para impedir que los crímenes de lesa humanidad, que eso son, prescriban en noviembre. Esta es, la prescripción o no, una dimensión sin dudas importante de la lucha contra la impunidad, pero está muy lejos de ser la única.
En torno a la prescripción.
La posibilidad de que exactamente dentro de 60 días las violaciones a los derechos humanos cometidos durante la dictadura prescriban, se sustenta en tres premisas: una, considerar que son delitos comunes y por lo tanto prescriptibles; dos, ignorar que la Ley de Caducidad y la interpretación generosa que de ella hicieron los gobiernos colorados y blancos, implicó un obstáculo para la acción de la Justicia y tres, la supuesta falta de interés de la ciudadanía en el tema.
Las tres premisas son falsas. Las violaciones a los derechos humanos fueron perpetradas por agentes del Estado o a su servicio en el marco del terrorismo de Estado: son crímenes de lesa humanidad, por lo tanto imprescriptibles. El Estado uruguayo está obligado por múltiples tratados internacionales que suscribió a considerarlos así y además, también lo está, por la sentencia de la Corte Interamericana de DDHH(CIDH) en el caso Gelman.
En la sentencia se dice explícitamente que el Estado uruguayo (el Poder Judicial es parte de él) debe asegurarse que la Ley de Caducidad no pueda volver a ser un obstáculo para la investigación, ni para identificar y castigar a los responsables y que «no debe aplicarse ningún otro instrumento jurídico análogo como la prescripción».
El Poder Ejecutivo ha dado pasos para cumplir la sentencia de la CIDH. Revocó los decretos de Julio María Sanguinetti, Luis Alberto Lacalle y Jorge Batlle que obstruían la acción de la Justicia. Publicó la sentencia de la Corte. Se la comunicó a los otros poderes del Estado. Realizará un acto público de asunción de responsabilidad con la máxima representación de los tres poderes del Estado. Hace dos días publicó una nómina, parcial pero exhaustiva, de los casos de violaciones a los DDHH que están en la Justicia. Se logró el relevamiento de 135 casos; sólo en 14 de ellos hay procesados, en los 121 restantes los responsables de los crímenes siguen impunes.Les toca actuar a los otros poderes del Estado. A la Justicia le toca asumir a cabalidad la tarea de reactivar todos esos casos, los que no están en esa nómina y las denuncias que vendrán, seguramente superarán los 200 casos.
Es una inmensa tarea, pero imprescindible. La sociedad uruguaya toda, su democracia, necesitan que esa tarea se cumpla a cabalidad. Sin renunciamientos y sin trampas leguleyas, como antes fue la Ley de Caducidad y ahora es la prescripción. Hay que empezar por tipificar los delitos como lo que son, de lesa humanidad.Al Poder Legislativo le cabe adoptar, si es necesario, nuestros instrumentos legales para que la Justicia actúe sin cortapisas, las variantes son muchas, ninguna hay que descartar.
Las presiones y las mentiras.
Los impunes y sus defensores militares y civiles insisten en mentir y presionar. Hace una semana una delegación de retirados militares se reunió con el ministro de Defensa Nacional, Eleuterio Fernández Huidobro. En las versiones de prensa posteriores se dijeron cosas graves. El presidente del Centro Militar, coronel (r) Guillermo Cedrés dijo a Ultimas Noticias: «el Ministro nos dejó claro que piensa que la prescripción debe regir a partir del 1º de noviembre.
Estamos en la misma sintonía», y agregó «coincidió en forma plena» en que existe un «trasfondo político» en los procesamientos». Por su parte, el presidente del Centro de Oficiales Retirados, coronel (r) Jorge Puente, afirmó: «esto es un problema político, que va mucho más allá de que la Justicia se pronuncie». También dijo que «el Ministro estuvo de acuerdo».
Por último, el coronel Cedrés fue por más y dijo que no sólo quiere evitar que sean juzgados más militares, sino que pretende anular los juicios ya vigentes. Anunció que recurrirán a organismos internacionales, los mismos cuyas sentencias quieren que no se cumplan. «Nadie es más nacionalista que nosotros, pero no nos dejan otra salida», advirtió Cedrés.
El coronel Cedrés, al igual que los impunes que defiende, miente y lo hace a sabiendas. No hay ninguna operación revancha o búsqueda de rédito político en el reclamo de verdad y justicia. Si lo hubo, para la derecha, en la Ley de Caducidad, entre otros, mantener a las Fuerzas Armadas como su coto cerrado y dentro de su bloque de poder.
Los delitos cometidos por los representados por el coronel Cedrés, vale reafirmarlo una vez más, son de lesa humanidad, no prescriben. El coronel Cedrés y los que estén «en sintonía» con él, claramente EL POPULAR no lo estuvo, no lo está y no lo estará, quieren seguir con una democracia mutilada y mantener un privilegio: estar al margen de la justicia. Estamos en las antípodas del coronel Cedrés y de su «sintonía», ahora que lo expresa haciendo lobby y también cuando lo expresaron amenazando y chantajeando. A diferencia del coronel Cedrés y de su «sintonía» somos profundamente democráticos y por eso queremos que todos seamos iguales ante la ley, ni más ni menos.
Lo central.
Todas estas dimensiones, importantes por cierto, omiten lo central. La impunidad es intolerable desde una perspectiva ética.
Hábilmente hablan de leyes y de pronunciamientos pero omiten decir qué es lo que está en juego y a quienes defienden. Los impunes son asesinos, torturadores, secuestradores de niños y violadores. Eso son. A eso defienden quienes quieren que siga la impunidad o no hacen nada para que termine. Es hora de llamar a las cosas por su nombre. Es imprescindible llamarlas por su nombre. Si la Justicia no actúa, si no investiga, si no identifica a los culpables, asesinos, torturadores, secuestradores de niños y violadores, estos quedarán impunes.
Es tan brutal la tergiversación que se omite señalar que los defensores de los impunes no alegan la inocencia de sus defendidos. Muy por el contrario asumen que son culpables, pero dicen que deben quedar impunes. Su propuesta no es ni siquiera el perdón, es lisa y llanamente la impunidad, que es mucho peor.
Desde esa postura, la ética, la de construcción ciudadana, sostenemos que hay que salir de la trampa institucional y leguleya, que nos deja a la expectativa de soluciones cuasi mágicas y de negociaciones reducidas. La Verdad y la Justicia no son objeto de negociación; son premisas imprescindibles y condicionantes de la democracia y de la libertad.
Por eso, seguiremos investigando, seguiremos denunciando, seguiremos reclamando: Verdad y Justicia. Nada más pero nada menos.sábado, 16 de julio de 2011
viernes, 15 de julio de 2011
viernes, 24 de junio de 2011
RESPONSABILIDADES MAYORES (1a.parte) - Columna de J.L. Perera - EL POPULAR
RESPONSABILIDADES MAYORES (1a.parte)
Nosotros, por formación teórica, tenemos como método analizar los temas yendo de lo general a lo particular. Esto es: ver el contexto más general en el que vamos a encuadrar el problema particular. Y el tema de la baja de la edad de imputabilidad, no puede ni debe analizarse fuera del contexto mundial, regional y del país.
Es insoslayable ubicar este problema concreto en medio de la más profunda y extensa crisis, la que más responde a cuestiones estructurales y no meramente cíclicas, que haya vivido el capitalismo como modo de producción. Está en cuestión el sistema de producción, y todas las teorías burguesas se resquebrajan: el neoliberalismo, el keynesianismo, el neo desarrollismo, la socialdemocracia. Ninguna puede acertar en la explicación de la crisis, ni tampoco en un programa de salida para su resolución.
Pero esta descomunal crisis que afecta a todo el sistema, conduce naturalmente a la elevación de la lucha de clases, al crecimiento del descontento social, y a fenómenos de descomposición social muy variados.
Esta es una parte del gran escenario económico mundial que se desarrolla sobre la base de la crisis estructural del capitalismo. Cada cosa que sucede en esa escala, impacta en nuestro país, y nos seguirá impactando, aunque muchos no sean conscientes de ello.
LAS CULPAS DE LOS MAYORESY lo importante que tenemos que tener presente, es que esta estructura económica de las formaciones capitalistas no logra resolver el hambre extrema de más de 1.000 millones de personas, mientras otros 1.500 millones sobreviven con apenas dos dólares al día.
Por lo tanto, las causas que explican esta situación, pueden reducirse a una: la sobrevivencia de un sistema capitalista de producción que, dominando absolutamente el planeta, arribó a sus propios límites y no puede resolver los problemas fundamentales de la humanidad.
James Wolfensohn, ex presidente del Banco Mundial, señaló en una reunión del Grupo de los 8 (G 8): “si no se resuelve el problema de la pobreza, nadie tendrá paz, pues 5.000 millones de los 6.000 millones de habitantes del planeta viven en países del Tercer Mundo”.
Esta tremenda pauperización contrasta con la ostentación de riqueza concentrada en una cúspide de 1.220 personas y familias en el mundo que poseen una fortuna superior a los 1.000 millones de dólares en cada caso.
En esta situación que venimos describiendo, no hay absolutamente nada, vamos a decirlo muy claramente: NADA, que pueda ser adjudicado a los menores de edad. Esta realidad planetaria que venimos describiendo, es en su totalidad, una obra pura y exclusiva de los mayores. Menos aún podremos adjudicar algún grado de culpa a los menores pobres. Podríamos hasta especificar que este mundo injusto e inhumano que describimos es obra de mayores, y de mayores de buena posición económica, puestos que son quienes deciden el rumbo de las economías de los países.
Los niños, nada tienen que ver con esto. Muy por el contrario, la pobreza –esa pobreza generada por los mayores- es la primera causa de mortalidad infantil en el mundo. El hambre y la malnutrición, la falta de agua potable y de atención sanitaria, enfermedades como la neumonía o la diarrea -curables con unos pocos pesos- matan 26.000 niños menores de cinco años al día, casi todos en los países empobrecidos (que no pobres).
Mayores que tienen en sus manos la solución de estos temas, son quienes permiten que estas muertes se sigan sucediendo día tras día. No hay ninguna responsabilidad de los menores de edad en ello. Hablamos de mayores que son responsables de la muerte de 26.000 niños al día.
Quisiéramos ver a algunos, que salen raudamente a recolectar firmas para bajar la edad de imputabilidad y condenar a niños por rapiña, quisiéramos verlos recolectar firmas para condenar a estos mayores que asesinan 26.000 niños por día, y que condenan al hambre y la miseria a 2.500 millones de personas en el mundo.
Pero no es solo el problema del hambre y la pobreza. En el mundo se obliga anualmente a más de un millón de niños a prostituirse, se les compra y vende con fines sexuales o se los usa en la industria de la pornografía infantil; una industria multimillonaria basada en la privación a los niños de sus derechos, de su dignidad y de su infancia. Explotación sexual que condena a los niños a una de las formas más aberrantes de trabajo infantil, que amenaza su salud mental y física y todos los aspectos de su desarrollo.
En este momento, sólo en la India, entre 270 mil y 400 mil menores están siendo prostituidos; en Tailandia 80 mil menores, de los cuales 60 mil no alcanzan los 13 años de edad; en Indonesia el 20% de las mujeres explotadas sexualmente son menores de edad. Pero cosas similares suceden en las grandes potencias mundiales como Estados Unidos y Canadá, en donde se prostituye a cerca de 100 mil menores (20 mil en la ciudad de Nueva York). Al menos otros 100 mil son explotados en la "industria" de la pornografía infantil.
La realidad es que la mayoría de los niños y niñas explotados termina muriendo de SIDA, tuberculosis u otras enfermedades como consecuencia de las relaciones que son obligadas a mantener. Quienes promueven y hacen toda esa basura, quienes lucran con ello y además la consumen, no son niños. Son mayores de edad.
POR ESTOS PAGOS
En América latina ha habido avances importantes en los últimos años. Según la CEPAL, la pobreza en la región se redujo 11 puntos entre 2002 y 2008, pero hay 80 millones de niños que viven en situación de pobreza. De ese total, el 18 por ciento habita en condiciones de pobreza extrema (32 millones).
Y viniendo a nuestro país, digamos algo que no puede ser obviado al referirse a este tema: El 50 % de los menores de 18 años viven en condiciones de pobreza. El informe de la CEPAL que mencionamos dice que “Pese a esta reducción, los niveles de pobreza en la región siguen siendo elevados, afectando principalmente a mujeres y niños. En particular, Uruguay se ubica entre los países con mayor grado de infantilización de la pobreza, estimándose que la incidencia de la pobreza en los niños uruguayos es tres veces mayor que en el resto de la población”.
En Uruguay, la pobreza infantil aumentó en forma sistemática desde 1986, entre otras razones porque sucesivos gobiernos no supieron aprovechar los mejores momentos económicos, según el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef). En 1986, había dos niños pobres por cada adulto mayor de 65 años pobre. En 1995, esa relación pasó a siete niños por cada adulto y en 2003 a nueve niños por cada adulto.
En 2002, la pobreza afectaba al 24% de la población uruguaya; sin embargo, el 47 por ciento de todos los menores de seis años vivían en un hogar pobre. Esto equivalía a 104.000 niñas y niños de esa franja de edad sin acceso suficiente a alimentos, bienes y servicios básicos en este país de 3,3 millones de habitantes.
Cuando estos niños hambreados y explotados de todas las maneras posibles por los mayores, se transforman en delincuentes, ¿Qué hacemos con ellos? ¿Ocultamos nuestra responsabilidad y los estigmatizamos?
La solución de fondo a los problemas de esta, nuestra sociedad -problemas de absoluta responsabilidad de los mayores- pasa por cambiar radicalmente a la propia sociedad, al sistema imperante que genera estas abominaciones. Porque en el fondo, se trata de un aspecto más de la lucha de clases. El plebiscito que se promueve desde la derecha más rancia de este país, no apunta a combatir los delitos cometidos por los menores. No se basa en un estudio serio de la problemática que estamos analizando, sino apenas en una serie de mitos sobre el tema. Mitos que abordaremos en nuestra próxima nota la semana que viene.
Es insoslayable ubicar este problema concreto en medio de la más profunda y extensa crisis, la que más responde a cuestiones estructurales y no meramente cíclicas, que haya vivido el capitalismo como modo de producción. Está en cuestión el sistema de producción, y todas las teorías burguesas se resquebrajan: el neoliberalismo, el keynesianismo, el neo desarrollismo, la socialdemocracia. Ninguna puede acertar en la explicación de la crisis, ni tampoco en un programa de salida para su resolución.
Pero esta descomunal crisis que afecta a todo el sistema, conduce naturalmente a la elevación de la lucha de clases, al crecimiento del descontento social, y a fenómenos de descomposición social muy variados.
Esta es una parte del gran escenario económico mundial que se desarrolla sobre la base de la crisis estructural del capitalismo. Cada cosa que sucede en esa escala, impacta en nuestro país, y nos seguirá impactando, aunque muchos no sean conscientes de ello.
LAS CULPAS DE LOS MAYORESY lo importante que tenemos que tener presente, es que esta estructura económica de las formaciones capitalistas no logra resolver el hambre extrema de más de 1.000 millones de personas, mientras otros 1.500 millones sobreviven con apenas dos dólares al día.
Por lo tanto, las causas que explican esta situación, pueden reducirse a una: la sobrevivencia de un sistema capitalista de producción que, dominando absolutamente el planeta, arribó a sus propios límites y no puede resolver los problemas fundamentales de la humanidad.
James Wolfensohn, ex presidente del Banco Mundial, señaló en una reunión del Grupo de los 8 (G 8): “si no se resuelve el problema de la pobreza, nadie tendrá paz, pues 5.000 millones de los 6.000 millones de habitantes del planeta viven en países del Tercer Mundo”.
Esta tremenda pauperización contrasta con la ostentación de riqueza concentrada en una cúspide de 1.220 personas y familias en el mundo que poseen una fortuna superior a los 1.000 millones de dólares en cada caso.
En esta situación que venimos describiendo, no hay absolutamente nada, vamos a decirlo muy claramente: NADA, que pueda ser adjudicado a los menores de edad. Esta realidad planetaria que venimos describiendo, es en su totalidad, una obra pura y exclusiva de los mayores. Menos aún podremos adjudicar algún grado de culpa a los menores pobres. Podríamos hasta especificar que este mundo injusto e inhumano que describimos es obra de mayores, y de mayores de buena posición económica, puestos que son quienes deciden el rumbo de las economías de los países.
Los niños, nada tienen que ver con esto. Muy por el contrario, la pobreza –esa pobreza generada por los mayores- es la primera causa de mortalidad infantil en el mundo. El hambre y la malnutrición, la falta de agua potable y de atención sanitaria, enfermedades como la neumonía o la diarrea -curables con unos pocos pesos- matan 26.000 niños menores de cinco años al día, casi todos en los países empobrecidos (que no pobres).
Mayores que tienen en sus manos la solución de estos temas, son quienes permiten que estas muertes se sigan sucediendo día tras día. No hay ninguna responsabilidad de los menores de edad en ello. Hablamos de mayores que son responsables de la muerte de 26.000 niños al día.
Quisiéramos ver a algunos, que salen raudamente a recolectar firmas para bajar la edad de imputabilidad y condenar a niños por rapiña, quisiéramos verlos recolectar firmas para condenar a estos mayores que asesinan 26.000 niños por día, y que condenan al hambre y la miseria a 2.500 millones de personas en el mundo.
Pero no es solo el problema del hambre y la pobreza. En el mundo se obliga anualmente a más de un millón de niños a prostituirse, se les compra y vende con fines sexuales o se los usa en la industria de la pornografía infantil; una industria multimillonaria basada en la privación a los niños de sus derechos, de su dignidad y de su infancia. Explotación sexual que condena a los niños a una de las formas más aberrantes de trabajo infantil, que amenaza su salud mental y física y todos los aspectos de su desarrollo.
En este momento, sólo en la India, entre 270 mil y 400 mil menores están siendo prostituidos; en Tailandia 80 mil menores, de los cuales 60 mil no alcanzan los 13 años de edad; en Indonesia el 20% de las mujeres explotadas sexualmente son menores de edad. Pero cosas similares suceden en las grandes potencias mundiales como Estados Unidos y Canadá, en donde se prostituye a cerca de 100 mil menores (20 mil en la ciudad de Nueva York). Al menos otros 100 mil son explotados en la "industria" de la pornografía infantil.
La realidad es que la mayoría de los niños y niñas explotados termina muriendo de SIDA, tuberculosis u otras enfermedades como consecuencia de las relaciones que son obligadas a mantener. Quienes promueven y hacen toda esa basura, quienes lucran con ello y además la consumen, no son niños. Son mayores de edad.
POR ESTOS PAGOS
En América latina ha habido avances importantes en los últimos años. Según la CEPAL, la pobreza en la región se redujo 11 puntos entre 2002 y 2008, pero hay 80 millones de niños que viven en situación de pobreza. De ese total, el 18 por ciento habita en condiciones de pobreza extrema (32 millones).
Y viniendo a nuestro país, digamos algo que no puede ser obviado al referirse a este tema: El 50 % de los menores de 18 años viven en condiciones de pobreza. El informe de la CEPAL que mencionamos dice que “Pese a esta reducción, los niveles de pobreza en la región siguen siendo elevados, afectando principalmente a mujeres y niños. En particular, Uruguay se ubica entre los países con mayor grado de infantilización de la pobreza, estimándose que la incidencia de la pobreza en los niños uruguayos es tres veces mayor que en el resto de la población”.
En Uruguay, la pobreza infantil aumentó en forma sistemática desde 1986, entre otras razones porque sucesivos gobiernos no supieron aprovechar los mejores momentos económicos, según el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef). En 1986, había dos niños pobres por cada adulto mayor de 65 años pobre. En 1995, esa relación pasó a siete niños por cada adulto y en 2003 a nueve niños por cada adulto.
En 2002, la pobreza afectaba al 24% de la población uruguaya; sin embargo, el 47 por ciento de todos los menores de seis años vivían en un hogar pobre. Esto equivalía a 104.000 niñas y niños de esa franja de edad sin acceso suficiente a alimentos, bienes y servicios básicos en este país de 3,3 millones de habitantes.
Cuando estos niños hambreados y explotados de todas las maneras posibles por los mayores, se transforman en delincuentes, ¿Qué hacemos con ellos? ¿Ocultamos nuestra responsabilidad y los estigmatizamos?
La solución de fondo a los problemas de esta, nuestra sociedad -problemas de absoluta responsabilidad de los mayores- pasa por cambiar radicalmente a la propia sociedad, al sistema imperante que genera estas abominaciones. Porque en el fondo, se trata de un aspecto más de la lucha de clases. El plebiscito que se promueve desde la derecha más rancia de este país, no apunta a combatir los delitos cometidos por los menores. No se basa en un estudio serio de la problemática que estamos analizando, sino apenas en una serie de mitos sobre el tema. Mitos que abordaremos en nuestra próxima nota la semana que viene.
El ferrocarril, AFE y el Estado. Editorial de El Popular-Uruguay.
El ferrocarril, AFE y el Estado. Editorial de El Popular-Uruguay.
Es indiscutible la necesidad del ferrocarril como un elemento estratégico para el desarrollo económico, el crecimiento planificado e imprescindible de la logística e incluso para la integración social, elemento no suficientemente tomado en cuenta. No es que sea indiscutible ahora; siempre lo fue. También cuando los gobiernos de derecha, primero Julio María Sanguinetti, luego Luis Alberto Lacalle, de nuevo Sanguinetti y después Jorge Batlle, lo desmantelaron conscientemente. Lo hicieron en el marco de la aplicación sistemática de un proyecto neoliberal donde todo debía obedecer a la lógica del mercado y de paso favorecer a intereses económicos muy concretos, que nada tenían ni tienen, de invisibles. La derecha y los intereses empresariales que se beneficiaron son los responsables del actual estado de abandono y postración del ferrocarril. Es importante entonces, que también en el ferrocarril, el gobierno del Frente Amplio corrija el desastre de la derecha; no por ideología, por las necesidades del país y de su gente. El presidente de la República, José Mujica, el Frente Amplio todo, lo colocaron como un objetivo y un compromiso para este segundo gobierno de izquierda. Allí no está el problema. Algunas de las preguntas a responder son: ¿qué ferrocarril queremos? ¿para qué modelo de desarrollo? ¿en función de qué proyecto de país? El Gobierno ha elaborado varias propuestas, todas ellas asumiendo que hay que recuperar el ferrocarril y hay que hacerlo rápido. Los cuestionamientos a las propuestas del Gobierno se han centrado básicamente en dos aspectos. El primero es la forma inconsulta en que se elaboraron, sin participación ni de los trabajadores, ni de la fuerza política. La participación en la discusión, de este y de todos lo temas, es un requisito para generar los consensos políticos y sociales de las propuestas a impulsar y además, desde la Ley de Negociación Colectiva, una obligación legal. El Ministerio de Transporte y Obras Públicas se ha reunido ahora con los trabajadores, lo mismo el Ministerio de Economía y Finanzas e incluso se ha lanzado el Diálogo Nacional sobre Logística. Son pasos positivos, pero deben profundizarse. Hay que incorporar la opinión de los trabajadores, quienes han demostrado responsabilidad, apego al ente y además capacidad de propuesta. El segundo cuestionamiento a las propuestas elaboradas desde el gobierno es que plantean una importante participación privada, tanto en el financiamiento, como eventualmente en la gestión y operación del ferrocarril. Incluso en el diseño y las prioridades de la recuperación de la red ferroviaria. Las inversiones privadas se darían además en el marco de la Asociación Pública Privada. Los trabajadores y otros importantes actores sociales y políticos, incluso cargos gerenciales e integrantes del directorio de AFE, opinan que el ente debe mantenerse como tal y que también debe conservar el monopolio de la gestión y la operación ferroviaria. Los fundamentos para ello no son solamente ideológicos o de carácter corporativo. Hay razones de defensa del patrimonio del Estado, de defensa del papel del Estado en el trazado del modelo de desarrollo, en la matriz productiva nacional y también razones de rentabilidad y ganancias. Todos coinciden en que la inversión a realizar para recuperar el ferrocarril es de varios cientos de millones de dólares, algunos hablan de 400 en primera instancia, otros de más. Pero en lo que todos coinciden también es en que la amortización de esta inversión será rápida ya que se calcula que el ahorro global en 25 años será de 2.100 millones de dólares. Es decir, recuperar el ferrocarril no sólo es necesario sino altamente rentable y recomendable en términos económicos. El ferrocarril es claramente más rentable que el transporte carretero en el ámbito de la carga. Una sola locomotora puede arrastrar por largas distancias hasta 1.500 toneladas; equivale aproximadamente a 50 camiones, según el producto y la distancia. Pero además ahorra mantenimiento de carreteras, gasto de combustible, distancia y contaminación ambiental. Es cierto que la inversión es grande, pero también es cierto que hay empresas públicas como Ancap, gran cliente del ferrocarril, que quiere invertir en él porque ahorraría millones de dólares; en el mismo sentido está Antel que puede desarrollar proyectos paralelos referidos al trazado de la red de fibra óptica junto a las vías. Como hemos señalado, además las inversiones se amortizarían con rapidez. Para decirlo más claro, empresas públicas como Ancap, Ute y Antel, se beneficiarían invirtiendo en el ferrocarril por partida doble: con la recuperación del mismo ahorrarían millones de dólares en gasto de transporte, y más aún, harían una inversión rentable y de segura amortización. Agregado a esto se avanzaría en generar una sinergia de inversiones y proyectos comunes entre las empresas públicas. ¿No es mejor explorar estos caminos y desarrollar el rol central del Estado que habilitar operadores privados ferroviarios que actuarán, legítima pero inevitablemente, defendiendo sus intereses que no siempre son los de la sociedad? ¿No es mejor también que el Estado mantenga y potencie una herramienta estratégica para la construcción de un sistema nacional de transporte al servicio del desarrollo de Uruguay como país productivo y como polo logístico regional? En todo caso lo central es recuperar el ferrocarril, potenciar AFE, dialogar y promover la participación de los trabajadores y todos los actores sociales y políticos para encontrar la mejor propuesta. La derecha y el neoliberalismo nos heredaron este desastre, luego de décadas de desmantelamiento, desidia, incapacidad y falta de inversión. El Frente Amplio, su gobierno, sus técnicos, junto con los trabajadores movilizados, pueden y deben rescatar y construir un ferrocarril al servicio del país productivo y de su gente.viernes, 17 de junio de 2011
Terra Nostra - Editorial El Popular
La discusión sobre la tierra, la propiedad, su valor, y si debe gravarse o no a las grandes propiedades agropecuarias parece haberse encaminado, y superando su fase mediática, ha tenido algunas definiciones trascendentes.El eje se ha instalado donde debería estar y ya no se habla del peligro para los inversores o si la propia discusión es pertinente o no. Ahora se está discutiendo qué medida es la mejor, pero que habrá gravamen, habrá gravamen. No es motivo de este editorial analizar las bondades o debilidades del proyecto del presidente de la República José Mujica y el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Gabriel Frugoni o del que presentaron el vicepresidente de la República, Danilo Astori y el Ministro de Economía y Finanzas, Fernando Lorenzo. En realidad, en el terreno del gobierno y también del Frente Amplio, lo que importa es la definición política de gravar a las grandes propiedades y discutir la concentración de la tierra como una realidad y como un problema a resolver. Ese es sin duda el concepto fundamental. Por supuesto que habrá que buscar una síntesis entre estas propuestas y analizar otras, ya que no son las únicas, pero eso está muy bien y se hará donde se debe y se puede lograr esa síntesis: en la discusión colectiva en los distintos ámbitos del gobierno, GabineteProductivo, Consejo de Ministros y en los espacios orgánicos del FA. Por los medios y con títulos rimbombantes no se puede discutir nada y muchos menos sintetizar y decidir. Ese es el cauce fundamental de la discusión y de las decisiones que habrá que adoptar. Sin embargo es una reflexión que no se agotó ni mucho menos y que por el contrario conviene mantener, profundizar y enriquecer. El presidente Mujica ha ido incorporando como centro de la fundamentación de la medida que propone, no sólo la necesidad de fondos para la infraestructura rural, necesidad objetiva para el desarrollo del país, sino la concentración de la tierra. Para plantear la dimensión del problema conviene recordar algunos datos manejados por Presidencia de la República y el Instituto Nacional de Colonización. En Uruguay, la propiedad de la tierra está mucho más concentrada que el ingreso. Mientras que el 10% de la población más rica recibe el 30% del ingreso de todo el país, el 10% de los productores más grandes es propietario del 64% de la tierra. En los últimos 10 años el valor de la hectárea se multiplicó por 4,2, de US$ 740 a US$ 3.114. La valorización de la tierra no se reflejó en la tributación: la carga tributaria sobre el sector era 9,7% del PIB en 1999 y del 7,1% en 2009.
En este panorama, ¿a quiénes está dirigida la medida que propone Mujica? A unas 5 millones de hectáreas que están en propiedad de 1.150 empresas. Vale la pena apuntar que Uruguay tiene unos 16 millones de hectáreas de uso agropecuario y que hay alrededor de 47 mil empresas que trabajan en el rubro. Mujica indicó que esa superficie, si se realiza un promedio de precios, valía hace 10 años 4 mil millones de dólares y hoy vale 16 mil millones de dólares.
Por eso es tan importante esta discusión, más allá de las formas y del acuerdo o no con medidas concretas. Se trata de discutir uno de los aspectos fundamentales de la concentración del ingreso y de la riqueza en el país. Se inscribe, vale la pena insistir, en la discusión más amplia sobre la redistribución de la riqueza y del enfrentamiento de dos proyectos de país: el de la izquierda y el de la derecha, que en este tema además, se expresan con diáfana claridad. En el gobierno y en el Frente Amplio, hay diferencias, es innegable, pero es la única fuerza política que se propone abordar y atacar un problema central de la distribución de la propiedad y la riqueza. La derecha, o no opina o cuando lo hace nopropone nada, absolutamente nada, salvo defender el status quo y seguir levantando al dios mercado.
Esa fue la posición pública inicial de las gremiales que agrupan a los grandes propietarios de tierra, los voceros de grandes inversores extranjeros y sus expresiones políticas y mediáticas. Es decir, actúan como lo que históricamente han sido y siguen siendo, defensores de los privilegios de los más poderosos económica y socialmente hablando. Lo que está discutiendo el Gobierno hoy, se inscribe en el debate que desde febrero, aún en medio de todas las peripecias políticas de estos meses, se ha venido dando sobre la distribución de la riqueza y abarca al FA y al PIT-CNT. Expresa un alto nivel de consenso interno del FA o al menos una amplísima mayoría a favor de profundizar los cambios y avanzar en la redistribución de la riqueza y eso está claramente en sintonía con un importante apoyo ciudadano; una encuesta de Equipos Mori para Presidencia de la República reveló que un 60% de los uruguayos y un 75% de los frenteamplistas están de acuerdo con el gravamen. El debate no está cerrado y no debe cerrarse.
El problema, como bien lo señala Mujica, no es sólo de las necesidades de infraestructura rural, es la concentración de la tierra y la extranjerización de su propiedad; fenómenos que además se extienden a la producción, industrialización y comercialización.
Hay que discutir la necesidad de una política de Tierras, el papel del Instituto Nacional de Colonización; y con mayor amplitud aún, la matriz productiva, la primarización de la producción, el papel del Estado en todos los eslabones de la cadena agropecuaria y en sus principales rubros.Estos son los temas que hacen al corazón de un proyecto de izquierda, a la posibilidad de profundizar los cambios, a la perspectiva de fortalecer un bloque social alternativo al de las clases dominantes, a resolver a favor del pueblo la contradicción fundamental entre un país productivo y soberano o más dependencia.
viernes, 10 de junio de 2011
Artigas, la tierra, la riqueza y la profundización de los cambios. El Popular
El debate instalado en la sociedad, en el gobierno y en el Frente Amplio sobre la necesidad de gravar las grandes propiedades de tierra no se puede dimensionar adecuadamente si se lo aborda en forma aislada. Es parte central de dos debates más amplios: el de la distribución de la riqueza y el referente a la necesidad de profundizar los cambios iniciados por el primer gobierno frenteamplista, recogiendo los postulados históricos de la izquierda que se remontan a las raíces artiguistas. Es en ese marco que debe valorarse la iniciativa de gravar adicionalmente a las propiedadesagropecuarias de más de 2.000 hectáreas, planteada por el presidente de la República, José Mujica,. Quedarse en la discusión de cómo se presentó la iniciativa o descartarla por la indefinición aún de sus alcances, -si bien no son menores estos aspectos -, no atiende a lo central; es una propuesta que va en el sentido de tomar medidas para avanzar en una distribución más justa de la riqueza y también en la de profundizar los cambios. Si bien en un primer momento se fundamentó solamente en la necesidad de financiar las obras de infraestructura que el desarrollo del sector agropecuario sin duda requiere, en el proceso de debate, tanto en el gobierno como en el FA, se avanzó hacia otros horizontes. El miércoles último, Presidencia de la República explicó en su página web la iniciativa en la necesidad de atacar la concentración de la tierra. En la nota oficial se sostuvo: «En Uruguay la propiedad de la tierra está mucho más concentrada que el ingreso. Mientras que el 10% de la población más rica recibe el 30% del ingresode todo el país, el 10% de los productores más grandes es propietario del 64% de la tierra». «En los últimos 10 años el valor de la hectárea se multiplicó por 4,2, de US$ 740 a US$ 3.114. La valorización de la tierra no se reflejó en la tributación: la carga tributaria sobre el sector era 9,7% del PIB en 1999 y del 7,1% en 2009», se agregó.Está claro que para enfrentar el proceso de concentración y extranjerización de la tierra y de la producción agropecuaria en general, no alcanza con esta medida; pero abrir el debate y comenzar a recorrer el camino, es un paso positivo. Lo es más aún, si inscribimos esta discusión en la más amplia sobre la distribución de la riqueza. Eneste terreno y respondiendo a una convocatoria del propio presidente José Mujica, el FA ha debatido desde febrero y varios sectores han presentado propuestas: el PCU, el MPP, el PS y la Vertiente Artiguista, entre ellos. Pero destacadamente también lo ha hecho el PITCNT en conjunto con la Onajpu. El Ministerio de Economía y Finanzas ha adoptado medidas que recogen algunos de los planteos: la rebaja total del IVA direccionada a los sectores más pobres (beneficiarios de las tarjetas del MIDES y de Asignaciones Familiares), elevación del monto imponible del IRPF, distribución del peso en 12 meses referido al aguinaldo; también abrió una consulta pública para modificar la Ley de Inversiones y estudia modificaciones en la Ley de Zonas Francas.En el bombardeo mediático estos pasos o directamente se ignoran, se mediatizan o bien se presentan como aislados y no relacionados entre sí. ¿Existen diferencias en el gobierno y en el FA? Sí, sin duda existen. En particular el vicepresidente de la República, Danilo Astori, se mostró contrario a iniciar un debate sobre la distribuciónde la riqueza y también sobre nuevos gravámenes al agro; en ambos casos fundamentósu posición en la posibilidad de que se afecten las inversiones y el crecimiento económico. La posición es respetable, aunque no la compartimos, pero claramente parece irse conformando una sensibilidad mayoritaria, en el marco del debate, hacia la postura de profundizar los cambios. Con matices se han pronunciado por este camino: el presidente Mujica, el ex presidente Tabaré Vázquez, el MPP, el PS, el PCU, la VA y las organizaciones populares que constituyen, históricamente, la base social de la izquierda. También parece recoger un amplio respaldo popular, una encuesta de Equipos Mori reveló que el 60% de los uruguayos y el 75% de los frenteamplistas está de acuerdo con gravar el agro. Pero además, en este punto de la mejor distribución de la riqueza y en específico el de la tierra, se han expresado claramente los dosproyectos de país y los dos bloques sociales que los sostienen e impulsan. Por un lado la izquierda, con el FA, con debates y diferencias tanto en la fuerza política como en el seno del gobierno, y sus aliados históricos, en particular el PIT-CNT y en el casode la tierra con expresiones como la Comisión Nacional de Fomento Rural y la UNATRA. Lo hacen debatiendo, proponiendo e impulsando la profundización de los cambios. Por el otro lado y claramente, el bloque de las clases dominantes, con todos los partidos de la oposición, las organizaciones empresariales del agro y la mayoría de los medios y analistas del estabilishment; sin realizar una sola propuesta y oponiéndose a todo: no quieren que se discuta, quieren que todo siga como está omejor dicho, que retroceda a como estaba. El FA ha demostrado en el primer gobierno que es capaz de levantar al país de la peor crisis de su historia, promover reformas profundas en varios campos y encaminar a la economía por la senda del crecimiento. Ahora debe ser capaz de profundizar los cambios y construir un modelo de crecimiento que nos lleve hacia un país productivo y con justicia social. No es fácil. Cuando los cambios avanzan se tocan intereses poderosos que responden y operan. La concepción ideológica de las clases dominantes, hegemónica en nuestra sociedad,permea todo el debate y todos los estamentos. Pero es un debate imprescindible y necesario, y adoptar medidas en esa dirección es la única manera de garantizar la continuidad del gobierno del FA; además, con un sentido claro, profundizar los cambios e ir a más. Es por añadidura, y en el caso de la tierra particularmente, una reivindicación de la mejor historia de nuestro país, de las propuestas de José Artigas, reflejadas en el memorable Reglamento de Tierras de 1815, donde se acuñó una frase que ha sido guía de toda la acción política de la izquierda: «que los más infelices sean los más privilegiados». Los mismos intereses que hace 196 años frustraron el sueño de Artigas se oponen hoy a las medidas que reivindican su espíritu. No obstante, es un camino posible, con debate, sin cucos, con unidad, con responsabilidad, pero en todo caso, con firmeza.
Suscribirse a:
Entradas (Atom)