Es indiscutible la necesidad del ferrocarril como un elemento estratégico para el desarrollo económico, el crecimiento planificado e imprescindible de la logística e incluso para la integración social, elemento no suficientemente tomado en cuenta. No es que sea indiscutible ahora; siempre lo fue. También cuando los gobiernos de derecha, primero Julio María Sanguinetti, luego Luis Alberto Lacalle, de nuevo Sanguinetti y después Jorge Batlle, lo desmantelaron conscientemente. Lo hicieron en el marco de la aplicación sistemática de un proyecto neoliberal donde todo debía obedecer a la lógica del mercado y de paso favorecer a intereses económicos muy concretos, que nada tenían ni tienen, de invisibles. La derecha y los intereses empresariales que se beneficiaron son los responsables del actual estado de abandono y postración del ferrocarril. Es importante entonces, que también en el ferrocarril, el gobierno del Frente Amplio corrija el desastre de la derecha; no por ideología, por las necesidades del país y de su gente. El presidente de la República, José Mujica, el Frente Amplio todo, lo colocaron como un objetivo y un compromiso para este segundo gobierno de izquierda. Allí no está el problema. Algunas de las preguntas a responder son: ¿qué ferrocarril queremos? ¿para qué modelo de desarrollo? ¿en función de qué proyecto de país? El Gobierno ha elaborado varias propuestas, todas ellas asumiendo que hay que recuperar el ferrocarril y hay que hacerlo rápido. Los cuestionamientos a las propuestas del Gobierno se han centrado básicamente en dos aspectos. El primero es la forma inconsulta en que se elaboraron, sin participación ni de los trabajadores, ni de la fuerza política. La participación en la discusión, de este y de todos lo temas, es un requisito para generar los consensos políticos y sociales de las propuestas a impulsar y además, desde la Ley de Negociación Colectiva, una obligación legal. El Ministerio de Transporte y Obras Públicas se ha reunido ahora con los trabajadores, lo mismo el Ministerio de Economía y Finanzas e incluso se ha lanzado el Diálogo Nacional sobre Logística. Son pasos positivos, pero deben profundizarse. Hay que incorporar la opinión de los trabajadores, quienes han demostrado responsabilidad, apego al ente y además capacidad de propuesta. El segundo cuestionamiento a las propuestas elaboradas desde el gobierno es que plantean una importante participación privada, tanto en el financiamiento, como eventualmente en la gestión y operación del ferrocarril. Incluso en el diseño y las prioridades de la recuperación de la red ferroviaria. Las inversiones privadas se darían además en el marco de la Asociación Pública Privada. Los trabajadores y otros importantes actores sociales y políticos, incluso cargos gerenciales e integrantes del directorio de AFE, opinan que el ente debe mantenerse como tal y que también debe conservar el monopolio de la gestión y la operación ferroviaria. Los fundamentos para ello no son solamente ideológicos o de carácter corporativo. Hay razones de defensa del patrimonio del Estado, de defensa del papel del Estado en el trazado del modelo de desarrollo, en la matriz productiva nacional y también razones de rentabilidad y ganancias. Todos coinciden en que la inversión a realizar para recuperar el ferrocarril es de varios cientos de millones de dólares, algunos hablan de 400 en primera instancia, otros de más. Pero en lo que todos coinciden también es en que la amortización de esta inversión será rápida ya que se calcula que el ahorro global en 25 años será de 2.100 millones de dólares. Es decir, recuperar el ferrocarril no sólo es necesario sino altamente rentable y recomendable en términos económicos. El ferrocarril es claramente más rentable que el transporte carretero en el ámbito de la carga. Una sola locomotora puede arrastrar por largas distancias hasta 1.500 toneladas; equivale aproximadamente a 50 camiones, según el producto y la distancia. Pero además ahorra mantenimiento de carreteras, gasto de combustible, distancia y contaminación ambiental. Es cierto que la inversión es grande, pero también es cierto que hay empresas públicas como Ancap, gran cliente del ferrocarril, que quiere invertir en él porque ahorraría millones de dólares; en el mismo sentido está Antel que puede desarrollar proyectos paralelos referidos al trazado de la red de fibra óptica junto a las vías. Como hemos señalado, además las inversiones se amortizarían con rapidez. Para decirlo más claro, empresas públicas como Ancap, Ute y Antel, se beneficiarían invirtiendo en el ferrocarril por partida doble: con la recuperación del mismo ahorrarían millones de dólares en gasto de transporte, y más aún, harían una inversión rentable y de segura amortización. Agregado a esto se avanzaría en generar una sinergia de inversiones y proyectos comunes entre las empresas públicas. ¿No es mejor explorar estos caminos y desarrollar el rol central del Estado que habilitar operadores privados ferroviarios que actuarán, legítima pero inevitablemente, defendiendo sus intereses que no siempre son los de la sociedad? ¿No es mejor también que el Estado mantenga y potencie una herramienta estratégica para la construcción de un sistema nacional de transporte al servicio del desarrollo de Uruguay como país productivo y como polo logístico regional? En todo caso lo central es recuperar el ferrocarril, potenciar AFE, dialogar y promover la participación de los trabajadores y todos los actores sociales y políticos para encontrar la mejor propuesta. La derecha y el neoliberalismo nos heredaron este desastre, luego de décadas de desmantelamiento, desidia, incapacidad y falta de inversión. El Frente Amplio, su gobierno, sus técnicos, junto con los trabajadores movilizados, pueden y deben rescatar y construir un ferrocarril al servicio del país productivo y de su gente.
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