Terrorismo de Estado o Estado terrorista. Editorial de El Popular-18/11/2011.
La publicación de dos tomos de actualización de la investigación de un equipo de la UDELAR sobre el terrorismo de Estado, en convenio con el Poder Ejecutivo, es un hecho de gran significación que no debe pasar inadvertido.
El trabajo del equipo que coordina el decano de la Facultad de Humanidades, Alvaro Rico, es de enorme importancia democrática.
En él se hacen públicos 1.500 documentos hasta ahora desconocidos de 5 archivos militares y policiales sobre la represión durante la dictadura. Los nuevos archivos a los que accedieron los investigadores son: 1) un voluminoso archivo microfilmado con materiales del Servicio de Información de la Defensa (SID) y del Organismo Coordinador de Operaciones Antisubversivas (OCOA); 2) el de la Dirección Nacional de Policía Técnica; 3) un cuerpo de archivos que está en el Ministerio del Interior, el archivo de Legajos Prontuariales y el archivo de la Dirección Nacional de Migración; 4) el archivo de expedientes de la Justicia Militar y 5) un depósito de fichas clínicas pasivas en el Hospital Militar.
Otra mentira que se derrumba.
La primera conclusión que hay que señalar es la existencia de archivos del terror. Durante 25 años los represores, militares y civiles, la derecha política y los medios de comunicación que le responden, dijeron que no había documentación, que no existían archivos. Esa fue la respuesta, repetida sistemáticamente, que recibieron los familiares de desaparecidos, los periodistas que investigaron, la Justicia cuando demandó información y hasta el Parlamento. Esa respuesta fue el santo y seña, durante 25 años, de los Comandantes en Jefe del Ejército, particularmente el general Hugo Medina y el general Fernán Amado y especialmente, del campeón de la impunidad y el ocultamiento, Julio María Sanguinetti.
Los hechos hablan por sí solos. Mintieron. No es un asunto baladí esta constatación y debe ser señalada con énfasis. Durante 25 años se ocultó a sabiendas y mintiendo información que habría permitido aclarar la situación de varios compañeros y compañeras desaparecidos, encontrar niñas y niños que estaban en manos de militares y policías. Los archivos siempre estuvieron allí y ellos, militares y civiles, mintieron para proteger a los represores, a los impunes y a la impunidad. Mantuvieron secuestrada esa porción de la verdad e impidieron la justicia. También en esto, quienes denunciamos y reclamamos, dijimos la verdad.
Como contraposición a esta conducta de mentira y ocultamiento desde la derecha militar, civil y mediática, cabe destacar lo que se logró en la lucha contra la impunidad por verdad y justicia.
La conjunción de la lucha inclaudicable de los familiares de las víctimas; el valor de las víctimas para superar el dolor y denunciar; la movilización sin pausas del movimiento popular, en particular del PIT-CNT y la FEUU; la decisión de periodistas y medios que casi en soledad investigaron; la capacidad y compromiso de los equipos de la UDELAR, tanto en el terreno de la investigación histórica como en el de las excavaciones arqueológicas; el civismo de jueces, fiscales y abogados y la voluntad política de los dos gobiernos del Frente Amplio. Así se abrieron las puertas de la verdad y el camino de la justicia.
Falta mucho, en el camino hubo dolorosas contradicciones y las sigue habiendo, pero ello no puede opacar los avances logrados y la derrota ética y política que se le infligió a la impunidad.
El Estado terrorista.
La investigación publicada en dos tomos viene a sumar a la oleada de denuncias sobre el terrorismo de Estado y jaquea a la impunidad.
Los 1.500 documentos aportados por la investigación de la UDELAR permiten reconstruir hechos, aportar datos a la Justicia y todo ello es trascendente, pero implican un aporte fundamental en otro terreno: desnudar la dimensión real del terrorismo de Estado, su carácter institucional y planificado.
Alvaro Rico expresó con claridad algunas conclusiones lapidarias. “El Estado fue la dictadura”, afirmó demoliendo la teoría de los dos demonios. Según Rico, estos 1.500 documentos demuestran el carácter “sistemático, planificado, coordinado, institucional y a gran escala del sistema represivo”.
Es todo el aparato del Estado, desde la Presidencia y la Junta de Comandantes, hasta las Juntas de Vecinos, al servicio de la represión y el disciplinamiento. Millones de dólares del Presupuesto Nacional invertidos para vigilar, perseguir, torturar, asesinar y desaparecer. Más de 50 cuarteles funcionando como cárceles y centros de tortura.
Se vigilaron a cientos de miles de uruguayas y uruguayos. Se vigilaron centros de trabajo, de estudio, clubes deportivos, cines, teatros, iglesias y sinagogas.
Fue el Estado todo, dirigiendo, planificando y ejecutando el terror contra toda la sociedad. Y esta conclusión ya no es una denuncia, está probada por los documentos que produjo la burocracia del terror.
Alvaro Rico, lo señala con claridad: “El objetivo de la represión fue la sociedad en su conjunto. El objetivo estratégico de la dictadura fue cambiar el tipo de sociedad. Montaron una sociedad vigilada, una sociedad del miedo, de la desconfianza, organizada en torno a lo punitivo, a la competencia”.
Establece además la relación entre ese pasado, que la impunidad mantuvo vigente y operando durante 25 años, y el presente democrático y sus problemas.
“No solo reconstruimos el contexto histórico de la desaparición de las personas o del asesinato político; nuestra investigación también contiene claves para entender ciertos patrones culturales y ciertos cambios en las relaciones sociales y en la subjetividad de los uruguayos en el presente. Es posible explicarnos el presente democrático en función de la relación que entablemos con el pasado reciente dictatorial”, sostuvo.
Por eso es tan importante terminar con la impunidad, que es lograr la verdad y la justicia, y por lo tanto terminar con la mentira. No se trata sólo de justicia con el pasado, se trata de construir un futuro de libertad arrancando las espinas clavadas en el cuerpo social que nos atan, interesadamente, a un pasado de barbarie, de miedo y de represión.
Terminar con la mentira y la impunidad es un requisito imprescindible para ser más libres. En eso estamos.
Editorial de El Popular-18/11/2011.
