Editorial de El popular. Terrorismo de Estado o Estado terrorista.

Terrorismo de Estado o Estado terrorista.

 Editorial de El Popular-18/11/2011.

La publicación de dos tomos de actualización de la investigación de un equipo de la UDELAR sobre el terrorismo de Estado, en convenio con el Poder Ejecutivo, es un hecho de gran significación que no debe pasar inadvertido.

El trabajo del equipo que coordina el decano de la Facultad de Humanidades, Alvaro Rico, es de enorme importancia democrática.

En él se hacen públicos 1.500 documentos hasta ahora desconocidos de 5 archivos militares y policiales sobre la represión durante la dictadura. Los nuevos archivos a los que accedieron los investigadores son: 1) un voluminoso archivo microfilmado con materiales del Servicio de Información de la Defensa (SID) y del Organismo Coordinador de Operaciones Antisubversivas (OCOA); 2) el de la Dirección Nacional de Policía Técnica; 3) un cuerpo de archivos que está en el Ministerio del Interior, el archivo de Legajos Prontuariales y el archivo de la Dirección Nacional de Migración; 4) el archivo de expedientes de la Justicia Militar y 5) un depósito de fichas clínicas pasivas en el Hospital Militar.

Otra mentira que se derrumba.

La primera conclusión que hay que señalar es la existencia de archivos del terror. Durante 25 años los represores, militares y civiles, la derecha política y los medios de comunicación que le responden, dijeron que no había documentación, que no existían archivos. Esa fue la respuesta, repetida sistemáticamente, que recibieron los familiares de desaparecidos, los periodistas que investigaron, la Justicia cuando demandó información y hasta el Parlamento. Esa respuesta fue el santo y seña, durante 25 años, de los Comandantes en Jefe del Ejército, particularmente el general Hugo Medina y el general Fernán Amado y especialmente, del campeón de la impunidad y el ocultamiento, Julio María Sanguinetti.

Los hechos hablan por sí solos. Mintieron. No es un asunto baladí esta constatación y debe ser señalada con énfasis. Durante 25 años se ocultó a sabiendas y mintiendo información que habría permitido aclarar la situación de varios compañeros y compañeras desaparecidos, encontrar niñas y niños que estaban en manos de militares y policías. Los archivos siempre estuvieron allí y ellos, militares y civiles, mintieron para proteger a los represores, a los impunes y a la impunidad. Mantuvieron secuestrada esa porción de la verdad e impidieron la justicia. También en esto, quienes denunciamos y reclamamos, dijimos la verdad.

Como contraposición a esta conducta de mentira y ocultamiento desde la derecha militar, civil y mediática, cabe destacar lo que se logró en la lucha contra la impunidad por verdad y justicia.

La conjunción de la lucha inclaudicable de los familiares de las víctimas; el valor de las víctimas para superar el dolor y denunciar; la movilización sin pausas del movimiento popular, en particular del PIT-CNT y la FEUU; la decisión de periodistas y medios que casi en soledad investigaron; la capacidad y compromiso de los equipos de la UDELAR, tanto en el terreno de la investigación histórica como en el de las excavaciones arqueológicas; el civismo de jueces, fiscales y abogados y la voluntad política de los dos gobiernos del Frente Amplio. Así se abrieron las puertas de la verdad y el camino de la justicia.

Falta mucho, en el camino hubo dolorosas contradicciones y las sigue habiendo, pero ello no puede opacar los avances logrados y la derrota ética y política que se le infligió a la impunidad.

El Estado terrorista.

La investigación publicada en dos tomos viene a sumar a la oleada de denuncias sobre el terrorismo de Estado y jaquea a la impunidad.

Los 1.500 documentos aportados por la investigación de la UDELAR permiten reconstruir hechos, aportar datos a la Justicia y todo ello es trascendente, pero implican un aporte fundamental en otro terreno: desnudar la dimensión real del terrorismo de Estado, su carácter institucional y planificado.

Alvaro Rico expresó con claridad algunas conclusiones lapidarias. “El Estado fue la dictadura”, afirmó demoliendo la teoría de los dos demonios. Según Rico, estos 1.500 documentos demuestran el carácter “sistemático, planificado, coordinado, institucional y a gran escala del sistema represivo”.

Es todo el aparato del Estado, desde la Presidencia y la Junta de Comandantes, hasta las Juntas de Vecinos, al servicio de la represión y el disciplinamiento. Millones de dólares del Presupuesto Nacional invertidos para vigilar, perseguir, torturar, asesinar y desaparecer. Más de 50 cuarteles funcionando como cárceles y centros de tortura.

Se vigilaron a cientos de miles de uruguayas y uruguayos. Se vigilaron centros de trabajo, de estudio, clubes deportivos, cines, teatros, iglesias y sinagogas.

Fue el Estado todo, dirigiendo, planificando y ejecutando el terror contra toda la sociedad. Y esta conclusión ya no es una denuncia, está probada por los documentos que produjo la burocracia del terror.

Alvaro Rico, lo señala con claridad: “El objetivo de la represión fue la sociedad en su conjunto. El objetivo estratégico de la dictadura fue cambiar el tipo de sociedad. Montaron una sociedad vigilada, una sociedad del miedo, de la desconfianza, organizada en torno a lo punitivo, a la competencia”.

Establece además la relación entre ese pasado, que la impunidad mantuvo vigente y operando durante 25 años, y el presente democrático y sus problemas.

“No solo reconstruimos el contexto histórico de la desaparición de las personas o del asesinato político; nuestra investigación también contiene claves para entender ciertos patrones culturales y ciertos cambios en las relaciones sociales y en la subjetividad de los uruguayos en el presente. Es posible explicarnos el presente democrático en función de la relación que entablemos con el pasado reciente dictatorial”, sostuvo.

Por eso es tan importante terminar con la impunidad, que es lograr la verdad y la justicia, y por lo tanto terminar con la mentira. No se trata sólo de justicia con el pasado, se trata de construir un futuro de libertad arrancando las espinas clavadas en el cuerpo social que nos atan, interesadamente, a un pasado de barbarie, de miedo y de represión.

Terminar con la mentira y la impunidad es un requisito imprescindible para ser más libres. En eso estamos.

Editorial de El Popular-18/11/2011.

Editorial El Popular nº156: La denuncia de 46 compañeros y la esencia de la impunidad

 

Se concretará en las próximas horas una nueva iniciativa que apunta al corazón de la impunidad. Un colectivo de 46 ex presas y ex presos políticos, la mayoría de ellos en ese momento militantes de la Unión de la Juventud Comunista y casi todos jóvenes militantes estudiantiles, presentarán una denuncia por torturas en la Dirección Nacional de Información e Inteligencia de la Policía entre los años 1972 y 1983.

En la denuncia patrocinada por el abogado Pablo Chargonia se acusa a 12 oficiales de inteligencia policial, entre ellos Ricardo «Conejo» Medina, hombre del Organismo Coordinador de Operaciones Antisubversivas (OCOA), ya condenado por la justicia y preso, por violaciones a los DDHH e implicado y aún impune, por su participación en el asesinato en tortura de Alvaro Balbi y la desaparición de María Claudia García Irureta Goyena de Gelman. Esta denuncia contribuye a la lucha general por terminar con la impunidad de los crímenes de lesa humanidad del terrorismo de Estado en varios aspectos.
Cumplir la sentencia de la CIDH.
La denuncia, se suma a los 135 casos por violaciones de DDHH que el Poder Ejecutivo identificó en 16 juzgados de Montevideo y 8 juzgados de 7 departamentos del país, cuya nómina completa fue publicada por EL POPULAR (N° 154). A ese universo judicial se sumarán las nuevas denuncias que se presentarán en los próximos días y las que no fueron identificadas en el relevamiento, por lo que nos aproximaremos a los 200 casos. Todo ese universo de casos está técnicamente abierto, luego de la sentencia de la Corte Interamericana de DDHH en el caso Gelman que ordena al Estado que la Ley de Caducidad «carezca de efectos jurídicos» y «no vuelva a representar un obstáculo para la investigación, identificación de los responsables y establecimiento de la sanciones». El cumplimiento de la Sentencia de la Corte Interamericana de DDHH a cabalidad no es el máximo exigible al que podemos aspirar, por el contrario, es el mínimo aceptable. Su cumplimiento es una obligación para los tres poderes del Estado: el Ejecutivo, el Judicial y el Legislativo. El Poder Ejecutivo ha dado pasos concretos e importantes: Revocó los decretos de Sanguinetti, Lacalle y Batlle; publicó los casos; comunicó la sentencia a los otros poderes; prepara un acto público donde asumirán la responsabilidad los tres poderes del Estado; ubicará en la ex sede del SID a la Institución Nacional de DDHH, entre otros. El Poder Judicial tiene el enorme desafío de hacer avanzar las causas, investigar y condenar a los responsables. Es un enorme trabajo, de difícil abordaje con la estructura actual del Poder Judicial. ¿No será necesario crear juzgados y fiscalías especializadas y dotarlas de recursos humanos y materiales para investigar? Parece que sí, eso y mucho más. El Poder Legislativo debe adoptar las medidas imprescindibles y los instrumentos legales para garantizar que las investigaciones no tengan obstáculos. Eso vale fundamentalmente en dos aspectos: liquidar formalmente la Ley de Caducidad e impedir, como también dice la Sentencia de la CIDH que no se aplique «ningún instrumento análogo como la prescripción». En el PIT-CNT, en coordinación con un amplio abanico de organizaciones sociales, se analiza la idea de una ley que establezca, sin lugar a dudas que es norma nacional el contenido de la sentencia de la CIDH, puede ser un camino.
Crimen de lesa humanidad e impresciptible.
El escrito de denuncia presentado por Chargonia se mete de lleno en la polémica por el supuesto límite de noviembre y la prescriptibilidad o no de los delitos del terrorismo de Estado. La denuncia es por «crimen de lesa humanidad , privación de libertad (art. 281), atentado a la libertad personal cometido por funcionario público encargado de una cárcel (art. 285), abuso de autoridad contra los detenidos (art. 286), pesquisa (art. 287), violencia privada (art. 288), amenazas (art. 290), lesiones personales (arts. 316 y ss.), violación (art. 272), atentado violento al pudor (art. 273)». «La violación planificada de derechos humanos encuadra la comisión de delitos calificados como de lesa humanidad, imprescriptibles e inamnistiables, cuya investigación y persecución penal constituye un deber estatal inevitable en protección de los derechos humanos. Las personas mencionadas no fueron víctimas de un delito ordinario sino de un crimen de lesa humanidad cometido por el aparato represivo estatal», afirma la denuncia, fundamentando esta posición en jurisprudencia nacional e internacional.
La tortura a juicio.
Otro aspecto trascendente de la denuncia de estos 46 compañeros y compañeras es que se realiza contra la tortura, la principal modalidad represiva de la dictadura en Uruguay, aplicada sistemáticamente contra más de 10 mil uruguayas y uruguayos y por la que, paradójicamente, no hay un solo represor procesado. «Los testimonios dan cuenta de operativos dirigidos contra militantes de la UJC en los años 1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1980, 1981 y 1983. La UJC y el PCU fueron objeto de los operativos denominados «Alemania», «Trabajo» y «Morgan»», indica la denuncia mostrando la extensión en el tiempo y la dimensión masiva de la práctica de la tortura, y por supuesto también, la resistencia de las y los militantes por la libertad y dentro de ellos de los comunistas. Los métodos de tormento fueron variados, en la denuncia se sostiene que se identificaron 26 formas de tortura aplicadas en nuestro país, entre las que destaca: plantones, encapuchamiento, picana eléctrica, submarino o tacho, colgamiento, caballete, estaqueamiento, violaciones, simulacros de fusilamiento y uso de drogas. Las 46 compañeras y compañeros, recordaron el horror y testimoniaron lo que les hicieron. Para ver de lo que hablamos, recogemos solo uno, el de una compañera que en 1983, cuando fue detenida tenía 21 años: «Termino en un lugar, creo que al fondo del segundo piso, allí comienzan a interrogarme. Me desnudan y me cuelgan de las muñecas, los brazos hacia atrás. Estando así me manosean y me lastiman los pezones. Me hacen el submarino con agua. Luego con capucha de nylon o algo así, y estando colgada y agarrada por dos o tres tipos, me violan por el ano y la vagina. Primero con un palo, y luego uno de ellos, produciéndome lastimaduras y pequeñas hemorragias en el intestino que me duran como diez días. Estando colgada me aplican picana en todo el cuerpo». Esta denuncia fue hecha, con valentía y dignidad, en 1985 en la Comisión Investigadora del Senado, hace 26 años. La Ley de Impunidad, el compromiso con la impunidad de la derecha, las mentiras y bombas de humo de los grandes medios y nuestras insuficiencias y errores han permitido que los responsables de esos hechos este impunes. Lo mismo ocurre con los otros 45 compañeros y compañeras y con miles de mujeres y hombres, cuyo único delito fue luchar por la libertad contra la dictadura. La necesidad de encontrar soluciones jurídicas y el debate político nos llevan a veces a llevar el tema de la impunidad a una abstracción que nos hace olvidar lo principal: que fue lo que hicieron los represores que la derecha ha mantenido y quiere mantener impunes. La lucha contra la impunidad y contra sus responsables, los impunes, no es una abstracción ideológica o un concurso académico de jurisprudencia, es fundamentalmente para que los que secuestraron, violaron, asesinaron y desparecieron paguen por sus crímenes. De eso estamos hablando. Las soluciones jurídicas podrán ser debatibles, académicamente se podrá sostener una u otra postura, políticamente se podrá analizar de una u otra manera, pero no hay que permitir que nos escamoteen el debate esencial. Todo se resume al principio y al final en si se está con la verdad y la justicia o si por acción u omisión se está con los impunes, que vale recordarlo una vez más: son secuestradores, torturadores, violadores, asesinos y desparecedores de seres humanos. Tan simple y diáfano como eso.

Columna de J.L. Perera - El Popular. YO TE AUTOCRITICO

YO TE AUTOCRITICO

Para algunos, autocrítica parece que significa “criticar en auto”, y cuando hablan de autocrítica cuidado, porque te pueden pasar por arriba. De alguna forma, será porque “van en coche”, ya que cuentan con los grandes medios de comunicación a su alcance, incluso los de la derecha, que gustosamente difunden y reproducen propuestas que, en la estructura orgánica del FA, aparecen mucho tiempo después.
SOBRE EL PUCHO, LA ESCUPIDA
El proyecto interpretativo que anulaba los efectos de la ley de impunidad naufragó en la madrugada del viernes 20 de mayo, día de la marcha del silencio, y el sábado 21 algunos compañeros ya habían empezado la autocrítica, esa rara autocrítica que consiste en criticar a los demás, en encontrar las razones de los fracasos siempre en otros.
El vicepresidente de la República, Danilo Astori, fue el primer dirigente político de primer nivel que abordó los hechos políticos resultantes del fracaso parlamentario, y lo hizo en el marco del discurso que dio al cumplirse 17 años de la fundación de Asamblea Uruguay. Según Astori, el proceso por el cual el FA intentó anular la Caducidad "se destacó por su desprolijidad política y por haber actuado sin objetivos claros”. Dijo que los errores que se cometieron a lo largo de este proceso fueron cometidos por todos los actores “si excepción". Sostuvo además que la interna del Frente Amplio mostró un nivel de contradicción interno muy importante. Y punto. Hasta ahí es lo que uno con un gran esfuerzo puede llegar a suponer que se trata de una “autocrítica”. E inmediatamente después de eso, todas las baterías apuntadas hacia el mismo lugar de siempre: la estructura orgánica del Frente Amplio.
De acuerdo a lo que informa la prensa: Astori habría dicho que hay una distancia muy clara entre lo que piensa y resuelve la estructura frentista y lo que piensa el pueblo frentista. “Luchamos por la democracia en el país y queremos más democracia en el Frente”. La democracia interna de la coalición está cuestionada por la distorsión de las representatividades que existen en la estructura donde pequeños grupos desde el punto de vista electoral tiene un peso muy importante en los organismos de decisión. Como se recordará el Plenario del Frente Amplio, elegido solo por algunos miles de adherentes al FA, obligó a los legisladores, que tiene más de un millón de votos, a que votaron lo que en ese organismo se había resuelto. El Frente Amplio está en una crisis entre su electorado y simpatizantes, su estructura y dinámica interna, sus legisladores y su propia gestión gubernamental. Astori ha llamado a mejorar el clima interno, a dejar de lado reproches y en especial reivindicó el papel de Asamblea Uruguay de la que dijo:” Sobre eso a los integrantes de la AU no hay que explicarles nada, porque nunca fallamos en nuestros 17 años de vida, siempre aceptamos lo que resolvió la mayoría".CUANDO SE TIENE RAZÓN…
Cuando el compañero Astori habla de “desprolijidad política” y de un nivel de contradicciones importante, no podemos más que estar de acuerdo. Y un solo ejemplo basta para demostrarlo.
El 24 de setiembre de 2010, el diario La República anunciaba que la Mesa Política del Frente Amplio aprobó un texto interpretativo para que lo impulsen sus legisladores. La iniciativa resuelve –decía el artículo- la dificultad de anular los efectos de la Ley de Caducidad mediante tres artículos que "interpretan" obligatoriamente que los artículos 1, 3 y 4 de esa norma son "inaplicables" y que los juicios cerrados por su aplicación pueden ser reabiertos. Astori señaló que "en esa propuesta hay participación de muchos compañeros y compañeras, incluso miembros del gobierno también, que han dado su opinión. Recuerden también que esto viene vinculado con una demanda que ha sufrido, o ha recibido mejor dicho, el Estado uruguayo en cuanto a acciones referidas al campo de Derechos Humanos".
El 20 de octubre de 2010, La República mostraba las opiniones dentro de la izquierda sobre el proyecto interpretativo que se iba a aprobar, y decía: “El vicepresidente argumentó que la Ley de Caducidad no debería estar en el ordenamiento jurídico del país porque es inconstitucional. Agregó que el texto propuesto no violenta las dos consultas realizadas a la ciudadanía. "Es un texto que la deja sin efecto y la declara inaplicable en orden a dos tipos de argumentos: la Constitución de la República y los tratados internacionales que ha suscrito el país", comentó. Agregó que "en el primer referéndum se le preguntó a la ciudadanía si se deseaba derogar la referida Ley y la ciudadanía contestó que no; en el segundo caso se le preguntó si se deseaba anular la Ley y la ciudadanía contestó que no". "Este texto no es ni una cosa ni la otra, es un texto que deja sin efecto la Ley y la declara inaplicable en orden a dos tipos de argumentos: la Constitución de la República y los tratados internacionales que ha suscripto el país", añadió Astori. Por consiguiente, indicó que votará favorablemente el mencionado proyecto de ley”.Argumentación clara y contundente del compañero Astori, que compartimos de principio a fin.
El 12 de abril, y en consonancia con lo anterior, el compañero Danilo Astori levantó su mano en el Senado para aprobar el proyecto. Pero curiosamente, pocos días después, en una entrevista en el diario El País, sale a decir:“Pensaba y pienso que lo mejor para dejar sin efecto la impunidad de crímenes cometidos en el pasado es la derogación de la ley de Caducidad. Estamos viendo, en el trámite del proyecto interpretativo, las consecuencias negativas que puede tener desde el punto de vista político y jurídico el camino que hoy se está siguiendo y por eso este compás de espera que tenemos ahora".
Esto es, luego de que el proyecto había sido aprobado en la Cámara de Diputados, y luego de que –con modificaciones- había sido votado en la Cámara de Senadores. Y pocos días después concurre al Parlamento, junto al presidente Mujica, a pedirle a los parlamentarios del FA que no voten el proyecto.
Sin dudas, no podemos dejar de estar de acuerdo, se trata de enormes desprolijidades políticas y de un nivel de contradicciones importantes. En cuanto a la disciplina partidaria, y a la afirmación del compañero Astori de que “nunca fallamos en nuestros 17 años de vida, siempre aceptamos lo que resolvió la mayoría”, permítaseme relativizarla. La disciplina partidaria implica aceptar la decisión de la mayoría y trabajar por ella; porque si acepto la decisión y luego trabajo en contra… ¿QUE CULPA TIENE EL TOMATE?
Pero lo que no puede entenderse de ninguna manera, es que a raíz del proceso que culminó en la no aprobación del proyecto interpretativo se concluya en que “existe una contradicción entre la estructura del FA y la voluntad frentista”. Y menos aún, puede entenderse la afirmación de que la estructura en el FA ya "no representa al pueblo frenteamplista, ni los valores de las organizaciones sociales". Porque está claro que no ha habido mayor coincidencia que entre las resoluciones de la estructura del FA y los valores de las organizaciones sociales, que no han hecho otra cosa que luchar contra la impunidad desde que la misma se instaló en este país.
Al parecer –de acuerdo al menos a lo que informa una nota de El País- se trata de “una movida para quitarle poder a las bases”. En caso de que fracase la negociación –dice la referida nota-, Asamblea Uruguay, el sector que lidera Astori, convocará a un "plebiscito interno" para que los frenteamplistas decidan qué hacer con las bases. Si eso es todo, si algunos sectores del FA entienden que los problemas del FA se deben al poder de las bases, y si creen que los problemas del FA se solucionan quitándoles poder a estas, entonces estamos en graves problemas, porque estaría demostrando una pobreza ideológica de magnitudes gigantescas, y una ceguera imperdonable.
Entre otras cosas, porque el proyecto interpretativo que terminaba con la impunidad, no fue elaborado por las bases, sino por los sectores políticos, fue aprobado en la Mesa Política Nacional (integrada por los mismos sectores que están en el Parlamento) y enviado a la Cámara de Diputados donde fue votado por los 50 diputados (ninguno de ellos de las bases, obviamente), se le hicieron modificaciones por parte de los sectores políticos en el Parlamento para que pudiera ser aprobado en el Senado, y allí fue votado por todos los senadores (ninguno es de las bases), con el único voto contrario de Saravia; las bases tienen en el Plenario Nacional apenas el 50% de los votos, y las resoluciones sobre la ley interpretativa siempre fueron tomadas por UNANIMIDAD, es decir, por las bases sí, pero también por todos los sectores; y finalmente, quienes echan a perder todo el proceso son el presidente y el vicepresidente, quienes van al Parlamento a pedir que no se vote (ambos pertenecientes a sectores políticos, no a las bases). Pero resulta que parece que el problema es el poder que tienen las bases, y todo se soluciona quitándoles parte de ese poder.

http://contratapapopular.blogspot.com/2011/06/yo-te-autocritico.html

COMUNICADO DEL PCU

PARTIDO COMUNISTA DE URUGUAY

Comité Central

Montevideo, 6 de mayo de 2011

Ante los hechos de pública notoriedad, relativos a la anulación de la Ley de Caducidad, el Comité Ejecutivo Nacional del Partido Comunista del Uruguay, reunido en forma extraordinaria en el día de la fecha declara:

1)     El Frente Amplio tiene la Verdad y la Justicia incorporadas como seña de identidad y se ha opuesto a la impunidad y a la Ley de Caducidad, su principal garantía jurídica y política, siempre. El Frente Amplio ha asumido la anulación de la Ley de Impunidad como lo que es: un tema eminentemente político. El Frente Amplio se dio los plazos y generó los ámbitos de discusión necesarios, con garantías para todos. 

En un proceso de varios meses encabezado por su presidente, compañero Jorge Brovetto, en el que fueron escuchadas todas las posturas, políticas y jurídicas, se llegó a una propuesta única, refrendada por unanimidad en el Plenario Nacional, que tras un gran esfuerzo de negociación y cediendo todos, nos compromete también a todos.

La que es inconstitucional y atenta contra todos los principios republicanos y democráticos es la Ley de Caducidad. El reciente fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos,  los tres pronunciamientos de la Suprema Corte de Justicia al respecto e incluso los explícitos pronunciamientos del Poder Ejecutivo y del propio Poder Legislativo cuando se los consultó, así lo ratifican.

2)     En el Parlamento nuestros legisladores, mandatados por el Estatuto y por una referencia explícita y unánime del Plenario Nacional, donde están representados todos los sectores y las bases frenteamplistas, aprobaron el proyecto de Ley Interpretativa en el Senado y se disponen a hacerlo en Diputados. Para el PCU, respetando las visiones que se han expresado en estos días, no hay ninguna razón para que el proyecto de Ley no se vote. Respaldamos lo actuado por los compañeros Senadores y por los compañeros Diputados y reafirmamos que debe ser votado en la Cámara de Diputados el 19 de mayo.

3)     Ante la posibilidad de una citación de un nuevo Plenario Nacional del Frente Amplio; el PCU expresa su disposición a discutir y analizar, si es que se plantea, una nueva propuesta, si  contiene todos los elementos políticos que están planteados en el Proyecto que fue votado en la Cámara de Senadores y que está a consideración en la Cámara de Diputados. Para ser explícitos si establece la anulación de la Ley de Caducidad.

4)     La anulación de la Ley de Caducidad es un imperativo moral, político e institucional, pero no suficiente para asegurar el objetivo de Verdad y Justicia. El PCU va a proponer al Frente Amplio impulsar la creación de una Comisión de Verdad, que tenga recursos humanos, legales e institucionales para investigar , que se constituya en un respaldo desde el Estado, pero abierta a toda la sociedad y a todos los aportes.

             La verdad y la justicia, el fin de la impunidad, son componentes esenciales y condiciones irrenunciables de un proyecto de cambio y por lo tanto de la acumulación hacia él. Nuestro compromiso histórico con esos valores es el mismo que el del Frente Amplio y el de todas y todos sus militantes.

Comité Ejecutivo Nacional del PCU