"No somos una secta ni un grupo escogido de conspiradores; nacemos de la clase obrera y el pueblo, somos pues hombres comunes, sencillos y alegres.
Amamos el pan y el vino, la alegría de vivir, las mujeres y los niños, la paz y la mano cordial del amigo, la guitarra y los cantos, las estrellas y las flores. No somos iracundos ni desarraigados, ni gente que pretende meter la vida en los zapatos estrechos de la fraseología, como lo hacían con sus pies las antiguas mujeres chinas. Marx nuestro maestro hizo suya la frase de terencio: "Nada de lo humano me es ajeno". Por lo mismo también amamos el oscuro heroísmo del trabajo revolucionario de todos los días y no tememos por eso el otro trabajo, cuando toca, de vencer la tortura, las balas o la muerte"
Rodney Arismendi
domingo, 14 de noviembre de 2010
Criticas y Propuestas...Editorial El Popular Órgano de Prensa del Partido Comunista de Uruguay.
En estos días el gobierno de EEUU comenzó a aplicar un proceso de devaluación encubierta. Su objetivo es transferir su crisis a los demás países. El gigante del Norte hace aquello que le critica a China: manipular la moneda. Desde ya adelantamos que la mayoría de esos dólares terminarán en los “mercados emergentes”, produciendo distintos efectos sobre los mismos, entre los cuales no está excluido nuestro país. Es un nuevo paso en la desintegración del sistema monetario internacional. EE.UU. desvaloriza su deuda en manos de extranjeros: 4 billones de dólares. De los cuales 1.8 billones están en manos de China que va a ver esfumar el valor de esos activos. Las consecuencias en el corto plazo sobre nuestros países son: a) el alza de las monedas nacionales, b) incrementos de precios, c) burbujas en los precios de las materias primas, del oro y la plata, del petróleo, d) incrementos del capital especulativo y de la inversión extranjera directa. Esto afectará a nuestro país que consume lo mismo que exporta y el alza de los precios internacionales repercutirá en los precios internos de la carne, el pan, productos lácteos, etc. Actualmente la inflación superó el techo de la meta fijada por el equipo económico y se ubica en 7.02%. Pero lo más grave es que el precio de los alimentos llega al 14%. Saludamos las medidas de nuestro gobierno al asumir el costo de la suba del petróleo y el precio del boleto para no trasladarlo a la población. Debemos recordar que hace dos años enfrentamos un embate similar aplicando medidas de inversión productiva, que es necesario repetir, ampliar y mejorar en su alcance hacia el país productivo con justicia social. Fuimos el único país de la región que en medio de la crisis de EE.UU. creció y ello se debió a las medidas anticíclicas que adoptamos. Ya hemos señalado que tenemos reservas por encima de lo recomendable y que es necesario invertirlas productivamente. Hoy parte de las mismas van a perder su valor por las medidas devaluatorias de EE.UU. Seguramente la derecha repetirá sus propuestas de ajustes fiscales, a lo que hay que responder con más distribución de la riqueza. El Presupuesto no debe verse aislado de la situación internacional y el mismo refleja o expresa numéricamente y en formas jurídicas un proyecto de país; en nuestro caso, el proyecto de país plasmado en el programa del FA, fuerza de gobierno. Por eso queremos contribuir a que se cumpla con el programa del FA: que el Presupuesto signifique un avance hacia el país productivo con justicia social y profundización de la democracia a través de la más plena participación popular. En tal sentido no compartimos que esté incluida en el Presupuesto la sección II, sobre los funcionarios públicos. Las cuestiones allí tratadas deben verse en el marco de la ley sobre negociación colectiva en al ámbito público, que se aprobó el año pasado. Creemos que es necesario acompañar el Presupuesto presentado por la UDELAR, que más allá de los avances logrados en el quinquenio anterior necesita recursos para completar y profundizar los proyectos iniciados, así como mejorar el de la ANEP, básicamente en el rubro de retribuciones personales, atacando fuertemente el grave problema del multiempleo docente, sin cuya solución no habrá mejoras sustanciales en la educación. Es urgente regularizar todas las formas de trabajo precarias en el seno del Estado y planificar las formas de ingreso sin que lo público se rija por el derecho laboral privado. Tanto en lo salarial como en las condiciones de trabajo y formas de negociación, el Estado en sus tres subsectores (gobierno central, empresas públicas e intendencias) debe dar el ejemplo. En tal sentido nos preocupa la propuesta del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). ¿Estamos renunciando al proceso redistributivo de la riqueza que debe acentuarse en este período según el programa? Por lo anterior, estamos de acuerdo en líneas generales con el Presupuesto y sus prioridades; pero no lo estamos con el artículo 4º, que hace desaparecer el aumento automático si la inflación supera el 10% y toma la inflación prevista y no la pasada como base de cálculo de los incrementos salariales. Un gobierno del FA no puede permitir que se pierda salario real y debe participar en la redistribución de la riqueza, incrementándolo por encima de la inflación. A veces desde nuestro gobierno nos dejamos llevar por el discurso de las clases dominantes y vemos a los trabajadores y sus reclamos como un peligro. Los sindicatos uruguayos tienen una rica tradición de lucha, de independencia pero también de no prescindencia de los procesos de cambio. Sus luchas por una mejor distribución de la riqueza y por un país productivo, están en consonancia con el programa del FA. Mención aparte merece la resolución de la Justicia de procesar al Gral. Dalmao por el asesinato de Nibia Sabalsagaray. Es un importante avance en cuanto a verdad y justicia, pero sería más profundo si la ley de impunidad no existiera. Lo que no podemos admitir es que desde la oposición se reivindique el art. 4º de la Ley de Caducidad como un gran logro. ¿El pueblo va a olvidar que durante los 20 años que ellos gobernaron no movieron un dedo para aplicar ese artículo, el único aspecto por otra parte que permite parciales avances en cuanto a la investigación y sus resultados? Cuando calificamos de “Ley de Impunidad” a la oficialmente llamada “Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado”, lo hacemos porque sabemos que es un renunciamiento del Estado a penar crímenes de lesa humanidad. Y aunque valoremos enormemente la labor fiscal, judicial y de la Corte Suprema declarando la inconstitucionalidad de la ley de impunidad, seguiremos trabajando para anularla. Y no sólo porque “nos obligue” el juicio justo de la Corte Interamericana; nos obliga la conciencia democrática que este pueblo demostró en la lucha contra la dictadura, sus antecedentes y sus consecuencias.
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