viernes, 9 de septiembre de 2011
lunes, 5 de septiembre de 2011
Camila Vallejo: “Soy Militante De Las Juventudes Comunistas, Algo De Lo Que Estoy Orgullosa”
Camila Vallejo: “Soy Militante De Las Juventudes Comunistas, Algo De Lo Que Estoy Orgullosa”
No es fácil conseguir una entrevista con Camila Vallejo. Literalmente, hay que ponerse en la fila entre varios periodistas chilenos y extranjeros para robarle un pedacito de su agenda. No es amiga de la prensa chilena, mayoritariamente de derecha. Y se nota. Aun así, la joven de 23 años responde con esa claridad que la ha llevado a convertirse en el rostro más visible del movimiento estudiantil que tiene en jaque al gobierno de Sebastián Piñera y que ve cómo el modelo neoliberal que defiende tambalea a causa del descontento social liderado por la fuerza de los estudiantes y secundado por los profesores, los trabajadores y miles de rostros anónimos que se aburrieron de los abusos a todo nivel. Pues bien, la egresada de geografía de la Universidad de Chile y presidente de los alumnos de ese establecimiento encabeza una nueva camada de líderes que no sufrieron los horrores de la dictadura, se enfrentan con desfachatez a autoridades que hasta les triplican la edad y se lucen en el escenario donde les toque defender sus ideas, como ha quedado demostrado en el Congreso chileno, canales de TV y las redes sociales. La solidez de sus argumentos, tildados muchas veces de intransigentes, no son obstáculos para que Camila, nieta de un ex integrante del Movimiento Izquierdista Revolucionario (MIR) e hija de militantes comunistas, logre convocar a miles de chilenos en las calles, consiga el 80 por ciento de adhesión ciudadana a las demandas estudiantiles y cientos de chicas –sin ella quererlo– imiten su look de jeans gastados, pañuelo artesanal al cuello y piercing en la nariz.
Hoy Vallejo y los demás líderes secundarios y universitarios se sentarán a la mesa junto a Piñera y varios de sus ministros a intentar destrabar un conflicto que se extiende ya por más de tres meses. La Moneda será el marco para una jornada que puede marcar el inicio del fin. O tal vez no, dado que el presidente ya descartó la gratuidad de la educación, uno de los puntos centrales del petitorio de los universitarios y secundarios.
–Muchos chilenos se van a Argentina a estudiar porque les sale más barato pagar una pensión allá que una carrera en Chile. Según la Asamblea de Estudiantes Chilenos Exiliados por la Educación, son entre 4500 y 5000, repartidos en la UBA, La Plata y el IUNA.
–Es un hecho claro que ejemplifica el porqué hoy nos encontramos en medio de una lucha tan masiva y transversal. Vivimos en un país donde la educación, junto a otros servicios básicos, como la salud y la vivienda, son tremendamente caros y, por ende, su provisión de calidad está restringida sólo a quienes pueden pagar. De este modo, una de nuestras principales consignas es la defensa de una Educación digna gratuita y de calidad para todos y todas.
–¿Cuán consistente es este movimiento para resistir al espectro político, no sólo en la derecha y el gobierno?
–El movimiento cuenta con una serie de fortalezas tales como la amplitud que sobrepasa lo meramente estudiantil y lo transforma en un movimiento social; la unidad de los diferentes actores ligados al mundo educacional, quienes tras un largo proceso han podido aunar esfuerzos en pos de generar petitorios unificados; la representatividad del sentir de la ciudadanía, en tanto ha habido procesos democráticos a través de los cuales las discusiones definen las mejores estrategias a utilizar; y, finalmente, cuenta con la experiencia histórica de los diferentes movimientos que nos han precedido, como lo fue el movimiento pingüino del 2006 (la cuna del moviendo actual que tuvo en las cuerdas a Michelle Bachelet, pero que no dio los frutos prometidos). De todas estas herramientas el movimiento se vale para hacer frente a las diferentes artimañas que pueden surgir de la misma articulación de la derecha como del gobierno, de las que, hasta el momento, nos hemos sabido defender.
–¿Qué le parece la actuación del gobierno en el tema? No ha dado respuesta a sus demandas, hace declaraciones desafortunadas e intenta darles un perfil violento a las marchas.
–El gobierno no está escuchando a la ciudadanía, lo que evidencia que está tan dispuesto a seguir defendiendo intransigentemente su modelo educativo que incluso asume el costo de omitir lo que el pueblo ha demandado masivamente durante más de tres meses. Han explotado al máximo las herramientas con las que cuenta junto a la derecha chilena –medios de comunicación, fuerza policial y militar, respaldo de los grandes grupos económicos– para deslegitimar el movimiento, basándose en la mentira tras estrategias populistas. La presión social que este movimiento ha logrado acumular ha obligado a Piñera a mostrar de qué está hecho este gobierno, cuáles son los límites democráticos que está dispuesto a cruzar y a quiénes representa realmente, lo que constituye un enorme desprestigio y desaprobación de su gestión, lo que ya se manifestó en las últimas encuestas, que históricamente ellos mismos han validado. El cuestionamiento a la incapacidad de manejar la demanda social por una educación pública gratuita y de calidad para todos alcanza nuevos niveles en tanto el grado de represión ha sobrepasado cualquier límite de tolerancia de un Estado de Derecho. Durante estos meses de protesta, hemos sido testigos de aberrantes abusos por parte del cuerpo policial, bajo órdenes del Ejecutivo, a través del ministro del Interior y Seguridad Pública, Rodrigo Hinzpeter, lo que llega a su punto más crítico con la muerte de un estudiante la semana pasada.
–¿A qué atribuye el apoyo de la gente?
–Este movimiento ha alcanzado una masividad y transversalidad que nunca antes se había visto desde el retorno a la democracia (1990). Un enorme porcentaje de quienes en su momento apoyaron a Piñera hoy se dan cuenta de que éste no es un ataque directo a su posición sino a un modelo de educación que concibe a la educación como un bien de mercado y no como un derecho, y a un sistema democrático que hoy se reconoce que no da el ancho. El cuestionamiento de la conducta del gobierno por parte de ciudadanos que incluso pertenecen a sectores que en su momento apoyaron al actual presidente deja de manifiesto que sí existe el entendimiento de que la lucha que hoy tenemos es por un derecho a la Educación y un cambio de sistema que va en beneficio de toda la sociedad y el desarrollo de Chile, y no se limita al beneficio de un sector político particular.
–¿Se polarizó el movimiento?
–Para entender este conflicto hay que analizarlo desde dos aristas, por un lado tenemos que en la población la problemática educacional se ha transversalizado, lo que ha generado un apoyo masivo al movimiento desde diversos sectores y actores ligados a la educación. Sin embargo, por otro tenemos a un sector mucho más minoritario e ideológico representado en las clases dominantes, a quienes no les conviene un cambio en la educación, tanto porque el actual sistema beneficia directamente sus bolsillos como porque los mantiene en su posición de privilegiados frente a una población mal educada. Es producto de la intransigente postura de este último sector que las dos grandes alternativas educativas hoy se hayan polarizado. Es decir que la polarización no se encuentra al interior del movimiento estudiantil –el que ha sabido priorizar la unidad actuando en forma conjunta–, sino que representa una enorme contradicción entre los cambios que hoy la ciudadanía está exigiendo frente a una minoría conservadora cuyos intereses el Ejecutivo representa.
–Ha sufrido críticas y ataques. ¿Qué siente cuando dicen que está manejada por el PC?
–Efectivamente, yo soy militante de las Juventudes Comunistas de Chile y eso es algo que nunca he ocultado. Muy por el contrario, algo de lo que me siento totalmente orgullosa, pues es una gran escuela que me ha permitido crecer y de-sarrollarme políticamente. Por lo demás, es de esperar que en la actual situación quienes no estén a la altura del conflicto busquen argumentos como éstos para atacar, no sólo a mi persona, sino también al resto de los dirigentes. Pero lo cierto es que hoy yo represento no sólo a los estudiantes de la Universidad de Chile, sino que también me toca ser la voz de todos los estudiantes del país, en tanto vocera de la Confederación Nacional de Estudiantes de Chile (Confech), y la legitimidad que tanto los estudiantes como la ciudadanía ha efectuado a mi desempeño creo que deja de manifiesto que esas acusaciones no son más que sucias estrategias desesperadas de quienes, como dije anteriormente, no han sido capaces de ganar el debate de las ideas.
–¿Se plantea seguir siendo dirigente a futuro, más en un país carente de líderes jóvenes?
–En países como Chile, donde los medios de comunicación están dirigidos principalmente por los poderosos, ocurre que los medios fomentan un desprestigio de los movimientos sociales y a sus mismos dirigentes, como ocurrió en México. Sin embargo, el movimiento por la educación (en Chile) ha sido tan transversal que, independiente de los desprestigios de la prensa, la ciudadanía sigue apoyando la causa y cada vez con más intensidad. Respecto de mi futuro, he planteado en diversos medios que tengo una proyección personal de carácter académico, es decir, me gustaría terminar mi carrera y continuar esa senda. Sin embargo, concibo los cargos de representación como una responsabilidad y en ningún caso un privilegio, por lo que a priori no puedo decir que no continuaré teniendo cargos de representación popular.
–¿Cómo toma esa responsabilidad?
–Creo que la esperanza en que los logros de este movimiento no se pierdan, así como la responsabilidad tras ella, es compartida por la totalidad de los involucrados. Si bien a veces suele iconizarse el movimiento en mi persona, tenemos muy claro que los logros, como la construcción de éstos, nos pertenecen a todos. Confío, sin embargo, en que hemos hecho las cosas bien, lo que se demuestra por el increíble apoyo ciudadano que, a más de tres meses de iniciada esta movilización, aún tenemos. Bajo estas condiciones de juego, si el movimiento no logra ver satisfechas sus demandas, será responsabilidad de la intransigencia del gobierno y de la traición de la ciudadanía por parte de la derecha chilena, lo que no estaremos dispuestos a tolerar.
–¿Qué opina del rol de la Concertación en todo esto?
–La Concertación ha jugado un rol bastante oportunista tratando de obtener réditos políticos respecto de lo que ocurre hoy en el país. En ese sentido vemos cómo hoy personeros de dicha colectividad salen a criticar el modelo educacional, como por ejemplo el ex presidente Ricardo Lagos, quien hoy señala “que el modelo ya no aguanta más”, y pareciera que olvidan que ellos mismos fueron quienes administraron y profundizaron la mercantilización de la educación y que, por otro lado, un importante sector de dicha colectividad hoy son sostenedores de colegios e invierten en el negocio de la Educación Superior. A pesar de esto, dado el nivel de participación que tiene la Concertación en el Parlamento, le corresponde responder a la altura de lo que sus declaraciones a favor del movimiento han indicado. Es decir, deben asegurar que los proyectos de ley que han surgido de estas movilizaciones representen íntegramente lo que la demanda social ha establecido, y por ningún motivo vuelvan a negociar a espaldas del movimiento, como terminó ocurriendo con el proceso cúlmine de la Revolución Pingüina del 2006.
Christian Palma
Vídeo A CONTRA RELOJ
A contra reloj es un video realizado por Hijos Uruguay bajo la dirección de Pablo Sobrino a partir de una canción con el mismo nombre del cantautor uruguayo Ismael Collazo.
La ética, la identidad y la justicia ¿prescriben?
La ética, la identidad y la justicia ¿prescriben?
Editorial El Popular N° 154
«Las preguntas no prescriben hasta que no se tienen respuestas. Si algo importa de los plazos es el tiempo que ha trascurrido sin el conocimiento de la verdad», dice en uno de sus pasajes la proclama leída el pasado martes en Plaza Libertad. Así es.
El poder de la derecha y de los medios de comunicación para torcer los ejes reales del debate en torno a la impunidad es muy grande. Cuando la Ley Interpretativa el eje que instalaron era si se respetaba o no la supuesta primacía de la democracia directa, -que siempre denostaron-, por sobre la representativa. Luego lo trasladaron a los problemas internos del Frente Amplio. Ahora parece ser que lo único que existe, en caso de que algo exista ya que también silencian e invisibilizan el tema, es la prescripción de los delitos en noviembre.
Ese poder de cambiar los ejes impacta en la sociedad en su conjunto, objetivo principal, pero también en la izquierda y en el movimiento social. Tienen una gran capacidad para ocultar el centro real del problema y de paso, volver a transformar a los victimarios en víctimas.
Ahora todo gira, cuando se habla del tema, en las soluciones jurídicas y/o legislativas para impedir que los crímenes de lesa humanidad, que eso son, prescriban en noviembre. Esta es, la prescripción o no, una dimensión sin dudas importante de la lucha contra la impunidad, pero está muy lejos de ser la única.
En torno a la prescripción.
La posibilidad de que exactamente dentro de 60 días las violaciones a los derechos humanos cometidos durante la dictadura prescriban, se sustenta en tres premisas: una, considerar que son delitos comunes y por lo tanto prescriptibles; dos, ignorar que la Ley de Caducidad y la interpretación generosa que de ella hicieron los gobiernos colorados y blancos, implicó un obstáculo para la acción de la Justicia y tres, la supuesta falta de interés de la ciudadanía en el tema.
Las tres premisas son falsas. Las violaciones a los derechos humanos fueron perpetradas por agentes del Estado o a su servicio en el marco del terrorismo de Estado: son crímenes de lesa humanidad, por lo tanto imprescriptibles. El Estado uruguayo está obligado por múltiples tratados internacionales que suscribió a considerarlos así y además, también lo está, por la sentencia de la Corte Interamericana de DDHH(CIDH) en el caso Gelman.
En la sentencia se dice explícitamente que el Estado uruguayo (el Poder Judicial es parte de él) debe asegurarse que la Ley de Caducidad no pueda volver a ser un obstáculo para la investigación, ni para identificar y castigar a los responsables y que «no debe aplicarse ningún otro instrumento jurídico análogo como la prescripción».
El Poder Ejecutivo ha dado pasos para cumplir la sentencia de la CIDH. Revocó los decretos de Julio María Sanguinetti, Luis Alberto Lacalle y Jorge Batlle que obstruían la acción de la Justicia. Publicó la sentencia de la Corte. Se la comunicó a los otros poderes del Estado. Realizará un acto público de asunción de responsabilidad con la máxima representación de los tres poderes del Estado. Hace dos días publicó una nómina, parcial pero exhaustiva, de los casos de violaciones a los DDHH que están en la Justicia. Se logró el relevamiento de 135 casos; sólo en 14 de ellos hay procesados, en los 121 restantes los responsables de los crímenes siguen impunes.Les toca actuar a los otros poderes del Estado. A la Justicia le toca asumir a cabalidad la tarea de reactivar todos esos casos, los que no están en esa nómina y las denuncias que vendrán, seguramente superarán los 200 casos.
Es una inmensa tarea, pero imprescindible. La sociedad uruguaya toda, su democracia, necesitan que esa tarea se cumpla a cabalidad. Sin renunciamientos y sin trampas leguleyas, como antes fue la Ley de Caducidad y ahora es la prescripción. Hay que empezar por tipificar los delitos como lo que son, de lesa humanidad.Al Poder Legislativo le cabe adoptar, si es necesario, nuestros instrumentos legales para que la Justicia actúe sin cortapisas, las variantes son muchas, ninguna hay que descartar.
Las presiones y las mentiras.
Los impunes y sus defensores militares y civiles insisten en mentir y presionar. Hace una semana una delegación de retirados militares se reunió con el ministro de Defensa Nacional, Eleuterio Fernández Huidobro. En las versiones de prensa posteriores se dijeron cosas graves. El presidente del Centro Militar, coronel (r) Guillermo Cedrés dijo a Ultimas Noticias: «el Ministro nos dejó claro que piensa que la prescripción debe regir a partir del 1º de noviembre.
Estamos en la misma sintonía», y agregó «coincidió en forma plena» en que existe un «trasfondo político» en los procesamientos». Por su parte, el presidente del Centro de Oficiales Retirados, coronel (r) Jorge Puente, afirmó: «esto es un problema político, que va mucho más allá de que la Justicia se pronuncie». También dijo que «el Ministro estuvo de acuerdo».
Por último, el coronel Cedrés fue por más y dijo que no sólo quiere evitar que sean juzgados más militares, sino que pretende anular los juicios ya vigentes. Anunció que recurrirán a organismos internacionales, los mismos cuyas sentencias quieren que no se cumplan. «Nadie es más nacionalista que nosotros, pero no nos dejan otra salida», advirtió Cedrés.
El coronel Cedrés, al igual que los impunes que defiende, miente y lo hace a sabiendas. No hay ninguna operación revancha o búsqueda de rédito político en el reclamo de verdad y justicia. Si lo hubo, para la derecha, en la Ley de Caducidad, entre otros, mantener a las Fuerzas Armadas como su coto cerrado y dentro de su bloque de poder.
Los delitos cometidos por los representados por el coronel Cedrés, vale reafirmarlo una vez más, son de lesa humanidad, no prescriben. El coronel Cedrés y los que estén «en sintonía» con él, claramente EL POPULAR no lo estuvo, no lo está y no lo estará, quieren seguir con una democracia mutilada y mantener un privilegio: estar al margen de la justicia. Estamos en las antípodas del coronel Cedrés y de su «sintonía», ahora que lo expresa haciendo lobby y también cuando lo expresaron amenazando y chantajeando. A diferencia del coronel Cedrés y de su «sintonía» somos profundamente democráticos y por eso queremos que todos seamos iguales ante la ley, ni más ni menos.
Lo central.
Todas estas dimensiones, importantes por cierto, omiten lo central. La impunidad es intolerable desde una perspectiva ética.
Hábilmente hablan de leyes y de pronunciamientos pero omiten decir qué es lo que está en juego y a quienes defienden. Los impunes son asesinos, torturadores, secuestradores de niños y violadores. Eso son. A eso defienden quienes quieren que siga la impunidad o no hacen nada para que termine. Es hora de llamar a las cosas por su nombre. Es imprescindible llamarlas por su nombre. Si la Justicia no actúa, si no investiga, si no identifica a los culpables, asesinos, torturadores, secuestradores de niños y violadores, estos quedarán impunes.
Es tan brutal la tergiversación que se omite señalar que los defensores de los impunes no alegan la inocencia de sus defendidos. Muy por el contrario asumen que son culpables, pero dicen que deben quedar impunes. Su propuesta no es ni siquiera el perdón, es lisa y llanamente la impunidad, que es mucho peor.
Desde esa postura, la ética, la de construcción ciudadana, sostenemos que hay que salir de la trampa institucional y leguleya, que nos deja a la expectativa de soluciones cuasi mágicas y de negociaciones reducidas. La Verdad y la Justicia no son objeto de negociación; son premisas imprescindibles y condicionantes de la democracia y de la libertad.
Por eso, seguiremos investigando, seguiremos denunciando, seguiremos reclamando: Verdad y Justicia. Nada más pero nada menos.sábado, 16 de julio de 2011
viernes, 15 de julio de 2011
REDIU: IMPUESTOS AL AGRO - MITOS, VERDADES Y PROPUESTAS
IMPUESTOS AL AGRO - MITOS, VERDADES Y PROPUESTAS
- Documento de la Red de Economistas de Izquierda del Uruguay (REDIU)
Publicado en Brecha, el viernes 2 de julio de 2011
IMPUESTOS AL AGRO
Mitos, verdades y propuestas
Montevideo, 02/07/11 (Brecha).- Nunca los terratenientes se enriquecieron tanto: más de 31 mil millones de dólares entre 2003 y 2010 (cuando el PIB del Uruguay de este último año fue de 35 mil millones). El conjunto de sectores de la economía paga impuestos por entre un 25 y un 30% de su PBI, y el agropecuario el 7%.
Red de Economistas de Izquierda del Uruguay (REDIU)
Cambiando la convulsionada agenda centrada en los Derechos Humanos, el Presidente abordó los impuestos al agro, lo cual es positivo. Pero es preciso no debatir aisladamente un tributo sino en el contexto de la producción agropecuaria, y analizar los mitos que la rodean.
UNO. A pesar de lo mucho que se afirma, es discutible considerar al agro como el alma económica del Uruguay, es discutible. La producción agropecuaria representa bastante menos del 10% de la producción total de bienes y servicios del país. Pero se impone aclarar que representa un porcentaje muy importante de las exportaciones. O sea, representa un factor relevante en la capacidad del país para importar infinidad de productos.
Esto se debe, en lo esencial, a que como nación no se logra desarrollar un sector industrial de magnitud, que evite lo anterior. Entre otros elementos, si algo caracteriza el desarrollo, es precisamente la capacidad de un país de depender cada vez menos de sus producciones de materia prima. En este sentido se puede afirmar que en estos últimos años, el país agravó su situación; pues esta dependencia aumentó.
DOS. Se reitera permanentemente, tal como afirmó entre muchos otros el presidente de la República hace pocos días, que el sector experimenta un crecimiento explosivo . Esto no es cierto ni en relación a la economía en general[1], ni en relación al propio sector, si se considera que en 2001 el país vivió la epidemia de aftosa y es previo al aumento de la soja. Si no se consideran las tendencias de largo plazo de la economía, no se comprende su funcionamiento ni se pueden elaborar políticas públicas adecuadas para el desarrollo productivo del país. Y, sinceramente, nos llama la atención que nadie se haya detenido a reflexionar sobre este relativo estancamiento de la producción[2].
Primero: los datos del Banco Central de 1997 a 2010 ilustran el mínimo crecimiento, ya que el PIB agropecuario crece apenas un promedio anual de 1.4 por ciento. En esos 13 años, este PIB crece algo más del 18% por ciento cuando, en comparación, el PIB total del Uruguay crece un 37%, por ciento o sea, un 2.8% por ciento anual; más del doble que el agropecuario.
Segundo, retrocediendo en el tiempo, en el período 1991 1996 se observa un notorio crecimiento: 35 por ciento en cinco años o, lo que es lo mismo, una tasa de 6.5% por ciento anual.
Por último, en el tramo anterior: 1983 1990 nuevamente se tiene estancamiento agropecuario; el crecimiento es insignificante.
En definitiva, pese a los evidentes cambios cualitativos, es posible resumir la evolución productiva del campo uruguayo durante los últimos 28 años separando tres períodos claramente diferenciados:
· Estricto estancamiento en los siete años de 1983 a 1990.
· Notorio crecimiento (y destacable en la historia del país) de 6.5 por ciento anual de 1991 a 1996.
· Un estancamiento relativo los 13 años siguientes, de 1997 hasta la actualidad, con un crecimiento algo superior al 1 por ciento anual.
No hay, ni en el corto, ni en el largo plazo, nada que justifique hablar de un crecimiento explosivo .
TRES. Las causas de esta evolución son sin duda complejas, pero importa recordar que en 1996 se eliminó el último vestigio del Impuesto a la Producción Mínima Exigible (IMPROME): el IMAGRO. Parecería, entonces, que disminuir en gran medida la tributación sobre la tierra no conduce a aumentar la producción.
Y esto es evidente también para el actual período. Seguramente es difícil encontrar en la historia del país un período de tiempo tan favorable para el sector en términos de renta de la tierra y ganancias para los propietarios y/o productores.
Nunca antes tantas empresas extranjeras se volcaron a comprar tierra y activos industriales vinculados al sector (frigoríficos, molinos arroceros, etc.).
Y, como contrapartida, seguramente será difícil encontrar un período en que el sector haya pagado tan pocos impuestos en proporción a su producción y sus ganancias.
Resumiendo: muy altos precios por impulso externo; grandes ganancias; precios insólitamente elevados de la tierra; escasos impuestos y, sin embargo... una producción prácticamente estancada.
Debe agregarse: un serio deterioro del ecosistema de la mano de un masivo recurso a la agricultura continua en los mejores campos del país, agravado por la incorporación de excelentes praderas naturales (ecosistema muy difícil o imposible de recuperar) para producir soja o troncos.
La propiedad y explotación de la tierra se ha extranjerizado y concentrado, con una derrama que, en lo esencial, se da para beneficio de unos pocos individuos y empresas, extranjeros y nacionales.
CUATRO. El racconto anterior de la realidad agropecuaria avala una conclusión también desde un punto de vista más teórico.
En primer lugar, un campo próspero [3] y con precios elevados de la tierra no es sinónimo de mayor producción. Y tampoco es sinónimo de mayor cuidado del recurso.
En segundo lugar: ¿qué puede afirmarse del efecto que generan los impuestos? Casi treinta años muestran que no es posible argumentar que para que haya elevada producción los impuestos deben ser mínimos.
El vicepresidente Astori afirma lo contrario; que sólo con bajos impuestos y alto precio de la tierra hay prosperidad en el agro[4]. Su exposición es muy clara; pero la evidencia disponible (como él mismo señala) de 28 años, lo desmiente.
Conceptualmente, lo correcto es señalar[5] la importancia de la renta de la tierra y de las rentas de monopolio en general como factores retardatarios del desarrollo capitalista en cuanto sean apropiadas por un reducido sector de la sociedad.
Y esto refiere directamente al actual debate.
CINCO. Propuestas, el gobierno maneja varias; pero si bien al inicio se señala la justeza de plantear el tema y apuntar a objetivos necesarios como atacar la concentración de la tierra, lo difundido no representa avances significativos en la materia.
Sea porque la cifra de los posibles 60 millones de dólares a recaudar, según la Presidencia, es apenas algo menos de un 2 por ciento PIB agropecuario de 2010 y afecta mínimamente las enormes ganancias del agro. Sea porque se habla de un aporte (ya se llega a tal nivel que hasta la palabra impuesto se vuelve políticamente incorrecta). Sea porque se desconoce incluso quiénes deberían gravarse (dado el insólito atraso en el Censo Agropecuario).
El fondo del abordaje debiera contemplar que no hay un impuesto mágico que todo lo puede; debe ser un sistema impositivo que aporte a un objetivo común, cuyas prioridades deben adoptarse colectivamente en un plan nacional de desarrollo, hoy inexistente, que apunte hacia nuevos equilibrios económicos y sociales donde los sectores populares deben fortalecerse.
Habrá que debatir este sistema tributario que incluya una tendencia a la redistribución de los activos básicos en el largo plazo, que resguarde decisiones centrales sobre los bienes comunes para ámbitos fuera de los mercantiles (públicos, nacionales, estatales, cooperativos, etcétera). Ese sería un paso central para redistribuir poder en la sociedad.
Lo inicial y por elemental justicia: llevar la tributación global del sector al mismo nivel que la nacional[6], y que pague el impuesto de Primaria. Los instrumentos impositivos a debatir pudieran ser varios y complementarios: impuestos al patrimonio; a las ganancias y/o rentas derivadas de la tierra; detracciones (que regulen ganancias extraordinarias, el consumo interno, y sancionen el bajo valor agregado); un impuesto a la producción mínima exigible que castigue las conductas rentistas; otros específicos para defender el suelo, el agua e impedir la contaminación ambiental, y normas para regular la extranjerización y defender la soberanía nacional.
[1] Entre 2001 y 2009 la tasa de crecimiento del agro fue de 4.1por ciento, levemente superior a la tasa de 4.0 por ciento del conjunto de la economía . C. Paolino, Dr. de OPyPA, Anuario 2010, Pág. 9.
[2]Registramos una excepción: un reciente artículo publicado por el Ing. Agr. Joaquín Secco.
[3]Entrecomillado, pues importa ¿para quién?
[4]En el 40º aniversario de OPYPA, afirmó: Hay toda una polémica en la que nos hemos anotado siempre: impuesto a la tierra vs. Impuesto a la renta real ( ) Incluso desde los primeros tiempos de la OPYPA, levantamos la propuesta del impuesto a la productividad mínima exigible ( ) que no es otra cosa que un impuesto a la tierra. Y hoy nos damos cuenta, a partir de la evidencia disponible, que ese impuesto y los impuestos a la tierra tienden a deprimir el precio del recurso. Y no hay prosperidad en el agro con precios bajos de la tierra, y esa es otra evidencia que tenemos que extraer . http://www.vet.uy.com/
[5]Como lo hizo la economía política clásica y, por ejemplo, actualizó y aplicó al Uruguay el fallecido Ing. Agr. Ricardo Caysialls.
[6]De algo más de 200 millones de dólares anuales pasaría a entre 800 y 900 (25 a 30 por ciento de su PBI)
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