El Popular – Editorial de 15/4/2011.
El martes, luego de 11 horas de discusión, el Senado aprobó por 16 a 15 el proyecto de Ley Interpretativa que deja sin efectos jurídicos a tres artículos de la Ley de Caducidad.
La única fuerza política que votó contra la impunidad fue el Frente Amplio, 16 de sus 17 senadores, con la única excepción del senador Jorge Saravia.
Todos los senadores del Partido Nacional y del Partido Colorado votaron por mantener la impunidad.
En ese marco se dio el anuncio de la renuncia al Senado de Eleuterio Fernández Huidobro y la actitud política de votar dos veces contra la bancada del FA (ya lo había hecho una vez en el marco de una interpelación) de Saravia.
Legisladores de la derecha y el propio Saravia pidieron al presidente de la República, José Mujica, que vete la ley. Mujica respondió que no la vetará.
Si siguiéramos la repercusión mediática del tema podríamos pensar que lo más importante es la decisión de Huidobro o la actitud de Saravia. El tiempo dedicado a ambos fue abrumadoramente superior al que se dio a la noticia pura y seca, determinante: se cumplió la mitad del trámite parlamentario para la anulación de la Ley de Caducidad.
Ni siquiera es necesario argumentar mucho acerca de la dimensión, histórica e institucional; el peso político de ambos hechos no resiste comparación.
Primero, el Parlamento nacional dio un paso decisivo para terminar con una aberración jurídica, política y ética, la Ley de Impunidad.
Segundo, el FA cumplió con el compromiso asumido en su Programa, votado por más de un millón de uruguayos, con su compromiso histórico, con la resolución unánime de su Plenario Nacional. Y lo hizo con una disciplina que alcanzó al 99% de su bancada: 16 en 17.
¿Este razonamiento implica negar que hay diferencias y que un senador votó pero renunció y que otro no votó? No. Sólo implica darle su justa dimensión, nada más.
La verdad y la justicia, el cumplimiento del Programa, el acatamiento ampliamente mayoritario, también de Fernández Huidobro a las decisiones colectivas, es más importante que la actitud de un senador o la conferencia de prensa de otro. Debe serlo.
Lo central que se expresó el martes en el Senado fue la confrontación de dos proyectos de país: el de la izquierda y el de la derecha; sus diferencias se expresaron con crudeza.
Pero no vale hacerse el sordo o el desentendido. Hay claramente al menos dos niveles de debate.
Uno de ellos es con la derecha. La derecha, Lacalle, Bordaberry, Ope Pasquet, más allá de sus argumentos jurídicos y de su “aggiornada” defensa de la democracia directa, persigue un solo objetivo: mantener la impunidad.
La impunidad es parte central de la estrategia de poder de la derecha en la sociedad, aquí, en toda América Latina y en el mundo entero.
En el Senado volvió a relucir, en todo su esplendor la teoría de los dos demonios. Los militares se excedieron al combatir a guerrilleros que también se excedieron, aunque la derecha invierte el orden de quién comenzó las hostilidades de esa guerra inventada.
Esa teoría es falsa. Miente históricamente ya que la violencia comenzó con los escuadrones parapoliciales y de la muerte de la derecha, auspiciados y financiados por la rosca oligárquica financiera. Miente porque oculta el carácter de clase de la dictadura que calificamos de fascista no para insultar. La dictadura no fue sólo militar: fue el régimen terrorista que benefició a la oligarquía de los grandes estancieros y terratenientes, aliados económica y políticamente al capital financiero que se trasnacionalizó precisamente durante los años de plomo.
Miente porque oculta la dimensión de la represión. El objetivo de la represión fue todo el pueblo. Decenas de miles de presos y torturados. Más de 300 mil compatriotas fichados por los servicios de inteligencia. Miles de despedidos y destituidos. Miles de exiliados.
Miente porque omite el papel del imperialismo yanqui que llenó de dictaduras América Latina como parte de su estrategia de dominación económica y política global.
Todo eso se comen los adalides de la teoría de los dos demonios de la derecha y algunos que desde la izquierda también, aunque con matices, parecen adherir a ella.
Mienten cuando siembran dudas sobre un supuesto Pacto del Club Naval e interesadamente no recuerdan que hubo muchas conversaciones anteriores, de la que fue excluida la izquierda, como las del Parque Hotel, que implicaban esas sí la impunidad y la continuidad de varios engendros de la dictadura, que fueron abortadas por la movilización popular y el 1º de mayo de 1983.
Mienten cuando no recuerdan su intención de excluir de las conversaciones la amnistía, la libertad de los presos; decían que para eso había que esperar muchos años.
La derecha quiere mantener la impunidad porque es parte de su estrategia de poder, lo fue en la dictadura y lo siguió siendo en democracia, para mantener la “transición política” como una categoría institucional eterna, perpetuando el miedo y el chantaje como instrumento de disciplinamiento social.
Mienten cuando se presentan como defensores de pronunciamientos populares que hicieron hasta lo imposible por impedir, tanto en 1989, con una campaña de terror y de silenciamiento, llegando incluso a anular miles de firmas y de nuevo en 2009, ninguneando el debate y obligando a votar una sola opción.
Pero hay un segundo nivel de debate. Es en el campo popular y tiene que ver con los cuestionamientos jurídicos a la Ley Interpretativa y a la pertinencia de supuestamente invalidar una decisión popular con una votación parlamentaria.
Sobre los instrumentos jurídicos el debate puede ser interminable, entre otras cosas porque la discusión, en el fondo, es política y no jurídica. La inconstitucional y violatoria de todas las normas nacionales e internacionales es la Ley de Caducidad sin duda alguna. Cabe recordar los pronunciamientos de la Suprema Corte de Justicia en tres ocasiones, la del Poder Ejecutivo y el Legislativo en el caso Nibya Sabalsagaray y por si faltara algo el de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Por eso tiene que ser anulada. Porque contraviene todo el ordenamiento jurídico, no sólo internacional que nuestro país ratificó, también el nuestro, lo envilece, le quita legitimidad a todo lo demás. Esto es así porque violenta, además de la separación de Poderes o la proporcionalidad del castigo a la entidad del delito cometido, un elemento esencial, sin el cual todo se desmorona: la igualdad ante la Ley.
Esto es importante y sin embargo no es lo principal.
Las razones principales para la anulación de la Ley de Caducidad no son jurídicas, que como ya señalamos las hay y sobradamente; son institucionales, éticas, políticas en el sentido más noble y abarcativo del concepto.
Terminar con la impunidad es resolver injusticias del pasado; es condenar a los responsables de los crímenes más horrendos de la historia nacional, pero también es reconstruir la historia acercándola a la verdad, restablecer la relación entre iguales de todos los ciudadanos.
Terminar con la impunidad es permitir en serio un Uruguay del presente y del futuro con libertad e igualdad. No hay proyecto posible de un Uruguay nuevo con impunidad.
Si no sacamos ese veneno del cuerpo social no podremos resolver a plenitud todo el resto de los desafíos que como sociedad tenemos planteados.
Por ello, no se trata, en temas de esta dimensión democrática, de qué instrumentos de expresión popular deben primar, porque lo que está en discusión afecta a la democracia misma, en su esencia más estricta.
La izquierda tiene la obligación, para seguir siendo izquierda, de buscar por todos los caminos políticos e institucionales la igualdad y la libertad; no se puede lograr ninguna de las dos cosas con impunidad.
Una vez más, como siempre, desde la derecha y algunas voces que lo amplifican desde la izquierda, se usa el chantaje y la amenaza para tratar de defender la impunidad. Se auguran terribles consecuencias que se sugieren pero no se explicitan.
El movimiento popular, la izquierda uruguaya, el pueblo todo, hemos demostrado madurez democrática y civilidad. ¿Qué otra cosa expresa el hecho de que luego de 30 años no se haya producido un solo episodio de venganza a pesar del tenor de las aberraciones cometidas?
A los que se preguntan “¿Y ahora qué?”: ahora a seguir luchando, a terminar de barrer la impunidad, que no es sólo la Ley. Es lograr que se agilicen las denuncias, que los jueces y fiscales tipifiquen delitos de lesa humanidad y no comunes y prescriptibles; es profundizar la democracia en todos los ámbitos de la sociedad. Es conformar una Comisión que investigue a fondo, porque la Verdad y la Justicia no se resuelven sólo en el ámbito judicial.
Es organizar, debatir y convencer, para que estos temas y este debate involucren cada vez a más uruguayas y uruguayos. La escasa concurrencia al Senado, es una señal que no debe pasar inadvertida; por el tema y por el Parlamento mismo.
En definitiva, seguir luchando, como siempre, por ser más libres y más iguales.
Pero hay derecho a estar feliz, ¡falta menos!
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