Cien mil veces dijimos: nada terminó.
Editorial El Popular N° 140
La Ley de Caducidad sigue vigente. El esfuerzo político realizado por el Frente Amplio, discutiendo 8 meses en una Comisión Especial, escuchando todas las opiniones políticas y jurídicas y consensuando entre todas las fuerzas políticas que lo integran un proyecto de Ley, fracasó.
La jornada del 19 de mayo en el Parlamento, con la movilización del PIT-CNT y de los que honestamente pensábamos que había que anular los efectos jurídicos de la Ley de Impunidad con la Ley Interpretativa, fue dura. Los legisladores del FA que intervinieron en el debate enfrentaron argumentaciones retrógradas y por momentos cavernarias de la derecha blanca y colorada, que una vez más mostró lo que es; sin tapujos. La negación del terrorismo de Estado, la reivindicación de la impunidad como instrumento de paz, la aceptación del chantaje militar, el ataque burdo al Frente Amplio y a la izquierda, fue una constante. No quedaron sin respuesta; hubo diputadas y diputados del FA que respondieron como se debía desde la izquierda.
Allí quedó muy claro, por si hacía falta, que éste no es un debate jurídico, ni siquiera de preeminencia constitucional de instrumentos de democracia directa o representativa. La derecha estuvo, está y estará en contra de cualquier iniciativa que borre la impunidad del sistema jurídico, más allá de juegos retóricos de algún legislador blanco. Esto es así, porque aquí, en todo el continente y en el mundo, miren si no la actitud de la derecha española con respecto al franquismo, la impunidad para los crímenes que cometieron para imponer su proyecto de sociedad es un eslabón central de su estrategia de hegemonía. Es un eslabón central de su andamiaje, es un tema de poder, por eso cuesta tanto.
No ha sido el primer traspié en la lucha contra la impunidad y por lo tanto en la lucha por un proyecto de transformaciones y cambios de izquierda en la sociedad. Hemos tenido muchos. El golpe de Estado; la muerte y tortura de militantes sindicales, estudiantiles y de izquierda previa al golpe; las miles de detenciones, destituciones y despidos; las muertes y desapariciones de cientos de compañeras y compañeros; la destrucción de la educación pública y la investigación científica durante la dictadura; los negociados y el despojo a los trabajadores; la salida democrática con presos y exclusiones; la votación de la Ley de Caducidad; el Voto Verde; el Voto Rosado, son sólo algunos de los duros reveses que hemos tenido en esta lucha, contra la impunidad y sus efectos, que son los citados y muchos más.
Siempre encontramos cómo levantarnos. No hay que hacerse los distraídos, esta vez es distinto: por primera vez la izquierda tenía los instrumentos para infligir una derrota central a la impunidad y no pudo. Pero el viernes 20 de mayo empezamos a responder. Más de 100 mil personas en 18 de julio, con bronca, con sentimientos cruzados, los que creíamos que la Ley Interpretativa era el camino y los que no, los que se sienten representados por el FA y los que no, con dolor, con todo eso, pero allí estuvimos juntos. Modesta y fraternalmente creemos que es el camino para enfrentar la impunidad y todo lo demás.
No debemos caer en la tentación de seguir enfrascados en discusiones sobre matices jurídicos o semánticos. En el Parlamento no se logró. Pero la impunidad sigue siendo un presupuesto intolerable para la sociedad y un elemento incompatible con un proyecto de cambios de izquierda, cualquiera sea la postura ideológica, generacional o la sensibilidad que se tenga. La pelea central sigue siendo con la derecha, con sus representantes políticos, mediáticos e ideológicos: con su proyecto de país, que no es nuestro proyecto.
La sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sigue firme y obliga a su cumplimiento al Estado uruguayo y a sus tres poderes; el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. Es también el compromiso ético, ciudadano y militante de la izquierda, del Frente Amplio, su principal expresión política y de las organizaciones sociales que componen el bloque histórico de los cambios; el PIT-CNT, la FEUU, Fucvam, Onajpu, las organizaciones de derechos humanos.
Modestamente opinamos que el único camino posible es el del debate, la unidad y la lucha en torno a estos instrumentos populares que fueron los que nos han llevado a los avances de hoy; ningún otro lo fue. No entendemos qué se quiere decir en este tema con la «unidad nacional» cuando la derecha ha mostrado una y mil veces que lo que quiere es la impunidad. ¿Esto quiere decir que nos cerramos a la izquierda y las organizaciones de DDHH? Por supuesto que no.
Hay varias iniciativas en marcha; el ex presidente de la República, Tabaré Vázquez, propuso nuclear a «todos los que estamos en contra de la Ley de Caducidad», frenteamplistas, blancos y colorados y a los sectores sociales, para buscar entre todos una solución. Hay que impulsar iniciativas en el Poder Ejecutivo. La revocación de los actos administrativos de Julio María Sanguinetti, Luis Alberto Lacalle y Jorge Batlle, que ampararon más de 80 casos en la Ley de Caducidad, es un camino, comenzó con el caso Balbi y debe continuar. Hay que investigar, también desde el Poder Ejecutivo; es una obligación del Estado en la que no puede ser neutral. Hay que generar ámbitos institucionales para investigar, el anuncio de la instalación del Instituto de Derechos Humanos aporta en ese sentido. La propuesta de conformar una Comisión de Verdad con la participación de toda la sociedad uruguaya para asumir la investigación, también. En el Poder Legislativo y Judicial hay que enfrentar los caminos legales concretos para anular los efectos de la Impunidad. Uno de los más urgentes es el de las prescripciones de los delitos ya que han sido tipificados en los procesamientos como comunes y no como de lesa humanidad. La Ley Interpretativa resolvía este punto, no caminó. ¿Hay que promover otra ley? ¿Hay que seguir el camino sugerido por Alberto Pérez Pérez de modificar el artículo 239 de la Constitución? Hay que organizar y presentar los casos ante el Poder Ejecutivo y ante el Poder Judicial.
Todo eso hay que hacer y mucho más. Abiertos a todas las iniciativas. Luchando sin escondernos, por terminar con la cultura de impunidad en el país, enfrentando a la derecha y a su proyecto de país. Construyendo la unidad de la izquierda, fortaleciendo al Frente Amplio y a todas las organizaciones populares. Recorriendo los actuales caminos de participación e inventando otros, todos los que sean necesarios.
Pero que la derecha no se engañe y los delincuentes que están impunes tampoco. Nada terminó. Lo dijimos cien mil veces el 20 de mayo.
Editorial El Popular N° 140 - 27/5/2011
El ministro de Defensa boliviano, Rubén Saavedra, informó que el centro de formación, que abrirá sus puertas en la zona oriental de este país, impartirá entrenamiento militar no sólo a soldados sino también a civiles.
