RESPONSABILIDADES MAYORES (1a.parte) - Columna de J.L. Perera - EL POPULAR

RESPONSABILIDADES MAYORES (1a.parte)

Nosotros, por formación teórica, tenemos como método analizar los temas yendo de lo general a lo particular. Esto es: ver el contexto más general en el que vamos a encuadrar el problema particular. Y el tema de la baja de la edad de imputabilidad, no puede ni debe analizarse fuera del contexto mundial, regional y del país.
Es insoslayable ubicar este problema concreto en medio de la más profunda y extensa crisis, la que más responde a cuestiones estructurales y no meramente cíclicas, que haya vivido el capitalismo como modo de producción. Está en cuestión el sistema de producción, y todas las teorías burguesas se resquebrajan: el neoliberalismo, el keynesianismo, el neo desarrollismo, la socialdemocracia. Ninguna puede acertar en la explicación de la crisis, ni tampoco en un programa de salida para su resolución.
Pero esta descomunal crisis que afecta a todo el sistema, conduce naturalmente a la elevación de la lucha de clases, al crecimiento del descontento social, y a fenómenos de descomposición social muy variados.
Esta es una parte del gran escenario económico mundial que se desarrolla sobre la base de la crisis estructural del capitalismo. Cada cosa que sucede en esa escala, impacta en nuestro país, y nos seguirá impactando, aunque muchos no sean conscientes de ello.
LAS CULPAS DE LOS MAYORESY lo importante que tenemos que tener presente, es que esta estructura económica de las formaciones capitalistas no logra resolver el hambre extrema de más de 1.000 millones de personas, mientras otros 1.500 millones sobreviven con apenas dos dólares al día.
Por lo tanto, las causas que explican esta situación, pueden reducirse a una: la sobrevivencia de un sistema capitalista de producción que, dominando absolutamente el planeta, arribó a sus propios límites y no puede resolver los problemas fundamentales de la humanidad.
James Wolfensohn, ex presidente del Banco Mundial, señaló en una reunión del Grupo de los 8 (G 8): “si no se resuelve el problema de la pobreza, nadie tendrá paz, pues 5.000 millones de los 6.000 millones de habitantes del planeta viven en países del Tercer Mundo”.
Esta tremenda pauperización contrasta con la ostentación de riqueza concentrada en una cúspide de 1.220 personas y familias en el mundo que poseen una fortuna superior a los 1.000 millones de dólares en cada caso.
En esta situación que venimos describiendo, no hay absolutamente nada, vamos a decirlo muy claramente: NADA, que pueda ser adjudicado a los menores de edad. Esta realidad planetaria que venimos describiendo, es en su totalidad, una obra pura y exclusiva de los mayores. Menos aún podremos adjudicar algún grado de culpa a los menores pobres. Podríamos hasta especificar que este mundo injusto e inhumano que describimos es obra de mayores, y de mayores de buena posición económica, puestos que son quienes deciden el rumbo de las economías de los países.
Los niños, nada tienen que ver con esto. Muy por el contrario, la pobreza –esa pobreza generada por los mayores- es la primera causa de mortalidad infantil en el mundo. El hambre y la malnutrición, la falta de agua potable y de atención sanitaria, enfermedades como la neumonía o la diarrea -curables con unos pocos pesos- matan 26.000 niños menores de cinco años al día, casi todos en los países empobrecidos (que no pobres).
Mayores que tienen en sus manos la solución de estos temas, son quienes permiten que estas muertes se sigan sucediendo día tras día. No hay ninguna responsabilidad de los menores de edad en ello. Hablamos de mayores que son responsables de la muerte de 26.000 niños al día.
Quisiéramos ver a algunos, que salen raudamente a recolectar firmas para bajar la edad de imputabilidad y condenar a niños por rapiña, quisiéramos verlos recolectar firmas para condenar a estos mayores que asesinan 26.000 niños por día, y que condenan al hambre y la miseria a 2.500 millones de personas en el mundo.
Pero no es solo el problema del hambre y la pobreza. En el mundo se obliga anualmente a más de un millón de niños a prostituirse, se les compra y vende con fines sexuales o se los usa en la industria de la pornografía infantil; una industria multimillonaria basada en la privación a los niños de sus derechos, de su dignidad y de su infancia. Explotación sexual que condena a los niños a una de las formas más aberrantes de trabajo infantil, que amenaza su salud mental y física y todos los aspectos de su desarrollo.
En este momento, sólo en la India, entre 270 mil y 400 mil menores están siendo prostituidos; en Tailandia 80 mil menores, de los cuales 60 mil no alcanzan los 13 años de edad; en Indonesia el 20% de las mujeres explotadas sexualmente son menores de edad. Pero cosas similares suceden en las grandes potencias mundiales como Estados Unidos y Canadá, en donde se prostituye a cerca de 100 mil menores (20 mil en la ciudad de Nueva York). Al menos otros 100 mil son explotados en la "industria" de la pornografía infantil.
La realidad es que la mayoría de los niños y niñas explotados termina muriendo de SIDA, tuberculosis u otras enfermedades como consecuencia de las relaciones que son obligadas a mantener. Quienes promueven y hacen toda esa basura, quienes lucran con ello y además la consumen, no son niños. Son mayores de edad.
POR ESTOS PAGOS
En América latina ha habido avances importantes en los últimos años. Según la CEPAL, la pobreza en la región se redujo 11 puntos entre 2002 y 2008, pero hay 80 millones de niños que viven en situación de pobreza. De ese total, el 18 por ciento habita en condiciones de pobreza extrema (32 millones).
Y viniendo a nuestro país, digamos algo que no puede ser obviado al referirse a este tema: El 50 % de los menores de 18 años viven en condiciones de pobreza. El informe de la CEPAL que mencionamos dice que “Pese a esta reducción, los niveles de pobreza en la región siguen siendo elevados, afectando principalmente a mujeres y niños. En particular, Uruguay se ubica entre los países con mayor grado de infantilización de la pobreza, estimándose que la incidencia de la pobreza en los niños uruguayos es tres veces mayor que en el resto de la población”.
En Uruguay, la pobreza infantil aumentó en forma sistemática desde 1986, entre otras razones porque sucesivos gobiernos no supieron aprovechar los mejores momentos económicos, según el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef). En 1986, había dos niños pobres por cada adulto mayor de 65 años pobre. En 1995, esa relación pasó a siete niños por cada adulto y en 2003 a nueve niños por cada adulto.
En 2002, la pobreza afectaba al 24% de la población uruguaya; sin embargo, el 47 por ciento de todos los menores de seis años vivían en un hogar pobre. Esto equivalía a 104.000 niñas y niños de esa franja de edad sin acceso suficiente a alimentos, bienes y servicios básicos en este país de 3,3 millones de habitantes.
Cuando estos niños hambreados y explotados de todas las maneras posibles por los mayores, se transforman en delincuentes, ¿Qué hacemos con ellos? ¿Ocultamos nuestra responsabilidad y los estigmatizamos?
La solución de fondo a los problemas de esta, nuestra sociedad -problemas de absoluta responsabilidad de los mayores- pasa por cambiar radicalmente a la propia sociedad, al sistema imperante que genera estas abominaciones. Porque en el fondo, se trata de un aspecto más de la lucha de clases. El plebiscito que se promueve desde la derecha más rancia de este país, no apunta a combatir los delitos cometidos por los menores. No se basa en un estudio serio de la problemática que estamos analizando, sino apenas en una serie de mitos sobre el tema. Mitos que abordaremos en nuestra próxima nota la semana que viene.

El ferrocarril, AFE y el Estado. Editorial de El Popular-Uruguay.

El ferrocarril, AFE y el Estado. Editorial de El Popular-Uruguay.

Es indiscutible la necesidad del ferrocarril como un elemento estratégico para el desarrollo económico, el crecimiento planificado e imprescindible de la logística e incluso para la integración social, elemento no suficientemente tomado en cuenta. No es que sea indiscutible ahora; siempre lo fue. También cuando los gobiernos de derecha, primero Julio María Sanguinetti, luego Luis Alberto Lacalle, de nuevo Sanguinetti y después Jorge Batlle, lo desmantelaron conscientemente. Lo hicieron en el marco de la aplicación sistemática de un proyecto neoliberal donde todo debía obedecer a la lógica del mercado y de paso favorecer a intereses económicos muy concretos, que nada tenían ni tienen, de invisibles. La derecha y los intereses empresariales que se beneficiaron son los responsables del actual estado de abandono y postración del ferrocarril. Es importante entonces, que también en el ferrocarril, el gobierno del Frente Amplio corrija el desastre de la derecha; no por ideología, por las necesidades del país y de su gente. El presidente de la República, José Mujica, el Frente Amplio todo, lo colocaron como un objetivo y un compromiso para este segundo gobierno de izquierda. Allí no está el problema. Algunas de las preguntas a responder son: ¿qué ferrocarril queremos? ¿para qué modelo de desarrollo? ¿en función de qué proyecto de país? El Gobierno ha elaborado varias propuestas, todas ellas asumiendo que hay que recuperar el ferrocarril y hay que hacerlo rápido. Los cuestionamientos a las propuestas del Gobierno se han centrado básicamente en dos aspectos. El primero es la forma inconsulta en que se elaboraron, sin participación ni de los trabajadores, ni de la fuerza política. La participación en la discusión, de este y de todos lo temas, es un requisito para generar los consensos políticos y sociales de las propuestas a impulsar y además, desde la Ley de Negociación Colectiva, una obligación legal. El Ministerio de Transporte y Obras Públicas se ha reunido ahora con los trabajadores, lo mismo el Ministerio de Economía y Finanzas e incluso se ha lanzado el Diálogo Nacional sobre Logística. Son pasos positivos, pero deben profundizarse. Hay que incorporar la opinión de los trabajadores, quienes han demostrado responsabilidad, apego al ente y además capacidad de propuesta. El segundo cuestionamiento a las propuestas elaboradas desde el gobierno es que plantean una importante participación privada, tanto en el financiamiento, como eventualmente en la gestión y operación del ferrocarril. Incluso en el diseño y las prioridades de la recuperación de la red ferroviaria. Las inversiones privadas se darían además en el marco de la Asociación Pública Privada. Los trabajadores y otros importantes actores sociales y políticos, incluso cargos gerenciales e integrantes del directorio de AFE, opinan que el ente debe mantenerse como tal y que también debe conservar el monopolio de la gestión y la operación ferroviaria. Los fundamentos para ello no son solamente ideológicos o de carácter corporativo. Hay razones de defensa del patrimonio del Estado, de defensa del papel del Estado en el trazado del modelo de desarrollo, en la matriz productiva nacional y también razones de rentabilidad y ganancias. Todos coinciden en que la inversión a realizar para recuperar el ferrocarril es de varios cientos de millones de dólares, algunos hablan de 400 en primera instancia, otros de más. Pero en lo que todos coinciden también es en que la amortización de esta inversión será rápida ya que se calcula que el ahorro global en 25 años será de 2.100 millones de dólares. Es decir, recuperar el ferrocarril no sólo es necesario sino altamente rentable y recomendable en términos económicos. El ferrocarril es claramente más rentable que el transporte carretero en el ámbito de la carga. Una sola locomotora puede arrastrar por largas distancias hasta 1.500 toneladas; equivale aproximadamente a 50 camiones, según el producto y la distancia. Pero además ahorra mantenimiento de carreteras, gasto de combustible, distancia y contaminación ambiental. Es cierto que la inversión es grande, pero también es cierto que hay empresas públicas como Ancap, gran cliente del ferrocarril, que quiere invertir en él porque ahorraría millones de dólares; en el mismo sentido está Antel que puede desarrollar proyectos paralelos referidos al trazado de la red de fibra óptica junto a las vías. Como hemos señalado, además las inversiones se amortizarían con rapidez. Para decirlo más claro, empresas públicas como Ancap, Ute y Antel, se beneficiarían invirtiendo en el ferrocarril por partida doble: con la recuperación del mismo ahorrarían millones de dólares en gasto de transporte, y más aún, harían una inversión rentable y de segura amortización. Agregado a esto se avanzaría en generar una sinergia de inversiones y proyectos comunes entre las empresas públicas. ¿No es mejor explorar estos caminos y desarrollar el rol central del Estado que habilitar operadores privados ferroviarios que actuarán, legítima pero inevitablemente, defendiendo sus intereses que no siempre son los de la sociedad? ¿No es mejor también que el Estado mantenga y potencie una herramienta estratégica para la construcción de un sistema nacional de transporte al servicio del desarrollo de Uruguay como país productivo y como polo logístico regional? En todo caso lo central es recuperar el ferrocarril, potenciar AFE, dialogar y promover la participación de los trabajadores y todos los actores sociales y políticos para encontrar la mejor propuesta. La derecha y el neoliberalismo nos heredaron este desastre, luego de décadas de desmantelamiento, desidia, incapacidad y falta de inversión. El Frente Amplio, su gobierno, sus técnicos, junto con los trabajadores movilizados, pueden y deben rescatar y construir un ferrocarril al servicio del país productivo y de su gente.

Terra Nostra - Editorial El Popular

La discusión sobre la tierra, la propiedad, su valor, y si debe gravarse o no a las grandes propiedades agropecuarias parece haberse encaminado, y superando su fase mediática, ha tenido algunas definiciones trascendentes.

El eje se ha instalado donde debería estar y ya no se habla del peligro para los inversores o si la propia discusión es pertinente o no. Ahora se está discutiendo qué medida es la mejor, pero que habrá gravamen, habrá gravamen. No es motivo de este editorial analizar las bondades o debilidades del proyecto del presidente de la República José Mujica y el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Gabriel Frugoni o del que presentaron el vicepresidente de la República, Danilo Astori y el Ministro de Economía y Finanzas, Fernando Lorenzo. En realidad, en el terreno del gobierno y también del Frente Amplio, lo que importa es la definición política de gravar a las grandes propiedades y discutir la concentración de la tierra como una realidad y como un problema a resolver. Ese es sin duda el concepto fundamental. Por supuesto que habrá que buscar una síntesis entre estas propuestas y analizar otras, ya que no son las únicas, pero eso está muy bien y se hará donde se debe y se puede lograr esa síntesis: en la discusión colectiva en los distintos ámbitos del gobierno, GabineteProductivo, Consejo de Ministros y en los espacios orgánicos del FA. Por los medios y con títulos rimbombantes no se puede discutir nada y muchos menos sintetizar y decidir. Ese es el cauce fundamental de la discusión y de las decisiones que habrá que adoptar. Sin embargo es una reflexión que no se agotó ni mucho menos y que por el contrario conviene mantener, profundizar y enriquecer. El presidente Mujica ha ido incorporando como centro de la fundamentación de la medida que propone, no sólo la necesidad de fondos para la infraestructura rural, necesidad objetiva para el desarrollo del país, sino la concentración de la tierra. Para plantear la dimensión del problema conviene recordar algunos datos manejados por Presidencia de la República y el Instituto Nacional de Colonización. En Uruguay, la propiedad de la tierra está mucho más concentrada que el ingreso. Mientras que el 10% de la población más rica recibe el 30% del ingreso de todo el país, el 10% de los productores más grandes es propietario del 64% de la tierra. En los últimos 10 años el valor de la hectárea se multiplicó por 4,2, de US$ 740 a US$ 3.114. La valorización de la tierra no se reflejó en la tributación: la carga tributaria sobre el sector era 9,7% del PIB en 1999 y del 7,1% en 2009. 

En este panorama, ¿a quiénes está dirigida la medida que propone Mujica? A unas 5 millones de hectáreas que están en propiedad de 1.150 empresas. Vale la pena apuntar que Uruguay tiene unos 16 millones de hectáreas de uso agropecuario y que hay alrededor de 47 mil empresas que trabajan en el rubro. Mujica indicó que esa superficie, si se realiza un promedio de precios, valía hace 10 años 4 mil millones de dólares y hoy vale 16 mil millones de dólares. 

Por eso es tan importante esta discusión, más allá de las formas y del acuerdo o no con medidas concretas. Se trata de discutir uno de los aspectos fundamentales de la concentración del ingreso y de la riqueza en el país. Se inscribe, vale la pena insistir, en la discusión más amplia sobre la redistribución de la riqueza y del enfrentamiento de dos proyectos de país: el de la izquierda y el de la derecha, que en este tema además, se expresan con diáfana claridad. En el gobierno y en el Frente Amplio, hay diferencias, es innegable, pero es la única fuerza política que se propone abordar y atacar un problema central de la distribución de la propiedad y la riqueza. La derecha, o no opina o cuando lo hace nopropone nada, absolutamente nada, salvo defender el status quo y seguir levantando al dios mercado. 

Esa fue la posición pública inicial de las gremiales que agrupan a los grandes propietarios de tierra, los voceros de grandes inversores extranjeros y sus expresiones políticas y mediáticas. Es decir, actúan como lo que históricamente han sido y siguen siendo, defensores de los privilegios de los más poderosos económica y socialmente hablando. Lo que está discutiendo el Gobierno hoy, se inscribe en el debate que desde febrero, aún en medio de todas las peripecias políticas de estos meses, se ha venido dando sobre la distribución de la riqueza y abarca al FA y al PIT-CNT. Expresa un alto nivel de consenso interno del FA o al menos una amplísima mayoría a favor de profundizar los cambios y avanzar en la redistribución de la riqueza y eso está claramente en sintonía con un importante apoyo ciudadano; una encuesta de Equipos Mori para Presidencia de la República reveló que un 60% de los uruguayos y un 75% de los frenteamplistas están de acuerdo con el gravamen. El debate no está cerrado y no debe cerrarse. 

El problema, como bien lo señala Mujica, no es sólo de las necesidades de infraestructura rural, es la concentración de la tierra y la extranjerización de su propiedad; fenómenos que además se extienden a la producción, industrialización y comercialización. 

Hay que discutir la necesidad de una política de Tierras, el papel del Instituto Nacional de Colonización; y con mayor amplitud aún, la matriz productiva, la primarización de la producción, el papel del Estado en todos los eslabones de la cadena agropecuaria y en sus principales rubros.Estos son los temas que hacen al corazón de un proyecto de izquierda, a la posibilidad de profundizar los cambios, a la perspectiva de fortalecer un bloque social alternativo al de las clases dominantes, a resolver a favor del pueblo la contradicción fundamental entre un país productivo y soberano o más dependencia.

Charla sobre la baja de la edad de la imputabilidad

Proyecto de ley: SISTEMA DE RESPONSABILIDAD PENAL ADOLESCENTE

Proyecto de ley que se aprobó por unanimidad en el Parlamento sobre el sistema de responsabilidad penal adolescente.

Artigas, la tierra, la riqueza y la profundización de los cambios. El Popular

El debate instalado en la sociedad, en el gobierno y en el Frente Amplio sobre la necesidad de gravar las grandes propiedades de tierra no se puede dimensionar adecuadamente si se lo aborda en forma aislada. Es parte central de dos debates más amplios: el de la distribución de la riqueza y el referente a la necesidad de profundizar los cambios iniciados por el primer gobierno frenteamplista, recogiendo los postulados históricos de la izquierda que se remontan a las raíces artiguistas. Es en ese marco que debe valorarse la iniciativa de gravar adicionalmente a las propiedadesagropecuarias de más de 2.000 hectáreas, planteada por el presidente de la República, José Mujica,. Quedarse en la discusión de cómo se presentó la iniciativa o descartarla por la indefinición aún de sus alcances, -si bien no son menores estos aspectos -, no atiende a lo central; es una propuesta que va en el sentido de tomar medidas para avanzar en una distribución más justa de la riqueza y también en la de profundizar los cambios. Si bien en un primer momento se fundamentó solamente en la necesidad de financiar las obras de infraestructura que el desarrollo del sector agropecuario sin duda requiere, en el proceso de debate, tanto en el gobierno como en el FA, se avanzó hacia otros horizontes. El miércoles último, Presidencia de la República explicó en su página web la iniciativa en la necesidad de atacar la concentración de la tierra. En la nota oficial se sostuvo: «En Uruguay la propiedad de la tierra está mucho más concentrada que el ingreso. Mientras que el 10% de la población más rica recibe el 30% del ingresode todo el país, el 10% de los productores más grandes es propietario del 64% de la tierra». «En los últimos 10 años el valor de la hectárea se multiplicó por 4,2, de US$ 740 a US$ 3.114. La valorización de la tierra no se reflejó en la tributación: la carga tributaria sobre el sector era 9,7% del PIB en 1999 y del 7,1% en 2009», se agregó.Está claro que para enfrentar el proceso de concentración y extranjerización de la tierra y de la producción agropecuaria en general, no alcanza con esta medida; pero abrir el debate y comenzar a recorrer el camino, es un paso positivo. Lo es más aún, si inscribimos esta discusión en la más amplia sobre la distribución de la riqueza. Eneste terreno y respondiendo a una convocatoria del propio presidente José Mujica, el FA ha debatido desde febrero y varios sectores han presentado propuestas: el PCU, el MPP, el PS y la Vertiente Artiguista, entre ellos. Pero destacadamente también lo ha hecho el PITCNT en conjunto con la Onajpu. El Ministerio de Economía y Finanzas ha adoptado medidas que recogen algunos de los planteos: la rebaja total del IVA direccionada a los sectores más pobres (beneficiarios de las tarjetas del MIDES y de Asignaciones Familiares), elevación del monto imponible del IRPF, distribución del peso en 12 meses referido al aguinaldo; también abrió una consulta pública para modificar la Ley de Inversiones y estudia modificaciones en la Ley de Zonas Francas.En el bombardeo mediático estos pasos o directamente se ignoran, se mediatizan o bien se presentan como aislados y no relacionados entre sí. ¿Existen diferencias en el gobierno y en el FA? Sí, sin duda existen. En particular el vicepresidente de la República, Danilo Astori, se mostró contrario a iniciar un debate sobre la distribuciónde la riqueza y también sobre nuevos gravámenes al agro; en ambos casos fundamentósu posición en la posibilidad de que se afecten las inversiones y el crecimiento económico. La posición es respetable, aunque no la compartimos, pero claramente parece irse conformando una sensibilidad mayoritaria, en el marco del debate, hacia la postura de profundizar los cambios. Con matices se han pronunciado por este camino: el presidente Mujica, el ex presidente Tabaré Vázquez, el MPP, el PS, el PCU, la VA y las organizaciones populares que constituyen, históricamente, la base social de la izquierda. También parece recoger un amplio respaldo popular, una encuesta de Equipos Mori reveló que el 60% de los uruguayos y el 75% de los frenteamplistas está de acuerdo con gravar el agro. Pero además, en este punto de la mejor distribución de la riqueza y en específico el de la tierra, se han expresado claramente los dosproyectos de país y los dos bloques sociales que los sostienen e impulsan. Por un lado la izquierda, con el FA, con debates y diferencias tanto en la fuerza política como en el seno del gobierno, y sus aliados históricos, en particular el PIT-CNT y en el casode la tierra con expresiones como la Comisión Nacional de Fomento Rural y la UNATRA. Lo hacen debatiendo, proponiendo e impulsando la profundización de los cambios. Por el otro lado y claramente, el bloque de las clases dominantes, con todos los partidos de la oposición, las organizaciones empresariales del agro y la mayoría de los medios y analistas del estabilishment; sin realizar una sola propuesta y oponiéndose a todo: no quieren que se discuta, quieren que todo siga como está omejor dicho, que retroceda a como estaba. El FA ha demostrado en el primer gobierno que es capaz de levantar al país de la peor crisis de su historia, promover reformas profundas en varios campos y encaminar a la economía por la senda del crecimiento. Ahora debe ser capaz de profundizar los cambios y construir un modelo de crecimiento que nos lleve hacia un país productivo y con justicia social. No es fácil. Cuando los cambios avanzan se tocan intereses poderosos que responden y operan. La concepción ideológica de las clases dominantes, hegemónica en nuestra sociedad,permea todo el debate y todos los estamentos. Pero es un debate imprescindible y necesario, y adoptar medidas en esa dirección es la única manera de garantizar la continuidad del gobierno del FA; además, con un sentido claro, profundizar los cambios e ir a más. Es por añadidura, y en el caso de la tierra particularmente, una reivindicación de la mejor historia de nuestro país, de las propuestas de José Artigas, reflejadas en el memorable Reglamento de Tierras de 1815, donde se acuñó una frase que ha sido guía de toda la acción política de la izquierda: «que los más infelices sean los más privilegiados». Los mismos intereses que hace 196 años frustraron el sueño de Artigas se oponen hoy a las medidas que reivindican su espíritu. No obstante, es un camino posible, con debate, sin cucos, con unidad, con responsabilidad, pero en todo caso, con firmeza.

Columna de J.L. Perera - El Popular. ¿DEMOCRATIZAR EL FRENTE AMPLIO?

¿DEMOCRATIZAR EL FRENTE AMPLIO?

Se ha escuchado mucho por estos días hablar sobre la necesidad de “democratizar” el Frente Amplio. Y cuando se dice esto, se habla de modificar su estructura orgánica y sus estatutos. Y uno no tiene más remedio que preguntarse si cuando se habla de democratizar se está hablando de “hacer democrática una cosa que no lo es”, que sería una posible definición de “democratizar”. Porque si es a esto a lo que se refieren, habría que decir que no estamos en absoluto de acuerdo, y que en este país no debe haber –y seguramente no lo haya en muchas otras partes del mundo- un partido político más democrático que el Frente Amplio. Un frente que contempla en su estructura orgánica la participación de partidos políticos de orígenes e ideologías absolutamente disímiles, junto a ciudadanos independientes, que es coalición y movimiento, pero que además incluye en la participación a todo el universo de votantes de su colectividad. De manera que no aceptamos en absoluto que se diga que el Frente Amplio no es democrático.
Si de lo que se quiere hablar es de la necesidad de “mejorar” la democracia interna del FA, sin duda vamos a estar de acuerdo, siempre es posible mejorar, pueden contar con nosotros para ello. Ahora bien, hablemos entonces de cuáles son las instancias internas que se pueden mejorar en cuanto a su calidad democrática. Porque lo que hemos escuchado hasta ahora parece ir en sentido contrario.
PARA DEMOCRATIZAR
Siempre ha sido un valor apreciado para la izquierda en nuestro país, como señal de democracia, la participación. La fórmula podría ser: a mayor participación, mayor democracia. Por eso decíamos en el año 71, en la declaración constitutiva del Frente Amplio: “Contraer en este mismo acto, el formal compromiso de establecer un programa común, ceñirnos a él en la lucha fraternal y solidaria colaboración, así como actuar coordinadamente en todos los campos de la acción política, sobre la base de que atribuimos al pueblo, organizado democráticamente, el papel protagónico en el proceso histórico. Establecer que esta coalición de fuerzas -que no es una fusión y donde cada uno de sus partícipes mantiene su identidad-, ha de estar dotada de una organización con núcleos de base y autoridades comunes, mandato imperativo y demás mecanismos de disciplina que aseguren el cumplimiento efectivo de los compromisos y postulados convenidos. Declarar que el objetivo fundamental del Frente Amplio es la acción política permanente y no la contienda electoral ; al mismo tiempo afrontará unido las instancias comiciales, con soluciones honestas y claras que restituyan a la ciudadanía la disposición de su destino, evitando la actual falsificación de su voluntad. En función de estos principios y objetivos convocamos al pueblo a incorporarse al Frente amplio y a participar activamente en la lucha y en los trabajos que emprendemos” (*). (Dicho sea de paso, no pudimos encontrar en la página del FA, entre los documentos fundacionales, la Declaración Constitutiva).
De manera que cuando uno escucha hablar de democratizar al frente amplio, piensa inmediatamente que lo que se busca es una forma de que el pueblo organizado tenga un papel aún más protagónico, dado el sitial que en la izquierda le atribuimos en el proceso histórico. Uno piensa inevitablemente que lo que se busca es profundizar aquello de “la acción política permanente”, el pueblo organizado y participando, haciéndose dueño de su propio destino, y no lo electoral. Y reiteramos, si es de eso de lo que se habla, entonces cuenten con nosotros.
LA POBREZA DE LAS PROPUESTAS
Sin embargo, todavía no hemos escuchado propuestas en ese sentido, y las pocas que se han escuchado parecen ir en el sentido exactamente opuesto, cuando no demuestran un desconocimiento de cómo funciona el Frente Amplio.
Porque por ahí se ha escuchado decir que una buena forma de democratizar el Frente Amplio es que sus autoridades se elijan a padrón abierto, es decir, que puedan votar todos los frenteamplistas. Pues bien, el Congreso, que es la máxima autoridad del FA no puede elegirse en elecciones a padrón abierto puesto que es un Congreso de delegados, que antes de ser electos se reunieron previamente para estudiar y discutir el orden del día y los documentos previos, etc. El órgano que actúa como máxima dirección entre Congreso y Congreso, el Plenario Nacional, ya se elige actualmente a padrón abierto y con adhesión simultánea. Esto es, cualquier ciudadano, cualquier votante, puede presentarse el día de las elecciones internas y participar haciéndose adherente en ese momento. Un adherente de un Comité, si va el 25 de agosto y quiere elegir las autoridades de su Comité, no puede hacerlo si no tiene determinada antigüedad como adherente y si no se encuentra al día en su cotización. Sin embargo, cualquier ciudadano puede elegir el Plenario Nacional, aunque se adhiera ese mismo día y aunque nunca hubiese aportado nada al FA. Pero se plantea como un gran aporte a la democratización del FA que la elección de sus autoridades se haga a padrón abierto (¿?). Algunos agregan que el presidente del FA se pueda elegir también a padrón abierto (hoy lo elige el Congreso). Puede ser, habría que discutirlo, nosotros preferimos que sea elegido en una discusión interna. Elegir el presidente de una fuerza política tiene más que ver con definir el perfil del mismo, por saber si cuenta con el consenso de la mayoría de los sectores, por saber de sus cualidades negociadoras y componedoras, etc. Preferimos entonces que la elección del mismo pase por definiciones internas, antes que por la imposición de una mayoría en una elección, tal vez impuesta por los medios de prensa o por los fabricadores de imagen. Sea como sea, no creemos que aporte a la democratización.
Otra propuesta que anda por ahí, refiere a quitarle representación a las bases en el Congreso. Y aquí estamos en una propuesta que va en el sentido contrario a la profundización de la participación. Si los Comités de Base flaquean, si comienzan a disminuir su participación, entonces, en lugar de analizar las formas para que vuelvan a ser lo que fueron, en lugar de estudiar las formas de hacerlos más habitables, pero también de hacer que sus opiniones sean más escuchadas y atendidas, en lugar de eso, lo que se propone es recortarles su participación en los organismos de dirección. Además, no está muy clara la cuestión en cuanto a contenidos. Porque al parecer todo se resolvería haciendo que el Congreso se componga de mitad bases y mitad sectores. Pero los delegados de base que participan en un Congreso, tienen determinadas exigencias; las asambleas del Comité al que pertenecen deben haberse reunido previamente a discutir los documentos, y los delegados electos tienen que haber participado en esas discusiones; y además, las asambleas deben tener un quórum mínimo, en proporción a la cantidad de adherentes del Comité, entre otras cosas. Estas exigencias ¿correrían también para los sectores? ¿O los sectores simplemente les dirían a sus delegados lo que tienen que votar? Cuestiones que no forman parte de la propuesta pero que hacen al contenido, y no a la forma.
TAMBIEN BOLASOS
Se ha dicho por ahí, que mientras los legisladores y el Presidente de la República fueron votados por cerca de un millón de personas, la actual estructura del Frente Amplio solo fue votada por menos de 3 mil personas. Cuestión que además de ser falsa, no tiene en cuenta algunas cosas. Es falsa porque la actual estructura del FA no fue votada por 3 mil personas sino por 220 mil. Pero además, no son cosas comparables. No se puede comparar una elección de autoridades nacionales y departamentales, en donde el voto es obligatorio, con una elección interna de autoridades. Si el Frente Amplio tiene un millón de votantes y en la elección interna de sus autoridades participan 220 mil (el 22%), no es algo a criticar, sino todo lo contrario, es algo a exhibir ante el mundo entero como un logro importantísimo. Por poner un ejemplo, el PT de Brasil obtuvo en las últimas elecciones casi 20 millones de votos, pero su presidente fue votado por 500 mil afiliados (2,5%) en las elecciones internas. Sin embargo, muchos se atreven a criticar a ese Plenario Nacional del Frente Amplio, y hasta se ha dicho en forma despectiva que “nadie los conoce”, como si el ser conocido fuera un mérito, como si la virtud más importante de un militante político sea estar en los medios, y no la lucha diaria y constante por las conquistas populares, por mejorar las condiciones de vida de las grandes mayorías de uruguayos.

(*) Las negritas son nuestras
http://contratapapopular.blogspot.com/2011/06/democratizar-el-frente-amplio.html

Nota sobre el I Encuentro Nacional de Estudiantes del Uruguay en La Paloma

I Encuentro Nacional de Estudiantes Universitarios del Uruguay from PCU Rocha on Vimeo.

El día cinco por Los 5

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Columna de J.L. Perera - El Popular. YO TE AUTOCRITICO

YO TE AUTOCRITICO

Para algunos, autocrítica parece que significa “criticar en auto”, y cuando hablan de autocrítica cuidado, porque te pueden pasar por arriba. De alguna forma, será porque “van en coche”, ya que cuentan con los grandes medios de comunicación a su alcance, incluso los de la derecha, que gustosamente difunden y reproducen propuestas que, en la estructura orgánica del FA, aparecen mucho tiempo después.
SOBRE EL PUCHO, LA ESCUPIDA
El proyecto interpretativo que anulaba los efectos de la ley de impunidad naufragó en la madrugada del viernes 20 de mayo, día de la marcha del silencio, y el sábado 21 algunos compañeros ya habían empezado la autocrítica, esa rara autocrítica que consiste en criticar a los demás, en encontrar las razones de los fracasos siempre en otros.
El vicepresidente de la República, Danilo Astori, fue el primer dirigente político de primer nivel que abordó los hechos políticos resultantes del fracaso parlamentario, y lo hizo en el marco del discurso que dio al cumplirse 17 años de la fundación de Asamblea Uruguay. Según Astori, el proceso por el cual el FA intentó anular la Caducidad "se destacó por su desprolijidad política y por haber actuado sin objetivos claros”. Dijo que los errores que se cometieron a lo largo de este proceso fueron cometidos por todos los actores “si excepción". Sostuvo además que la interna del Frente Amplio mostró un nivel de contradicción interno muy importante. Y punto. Hasta ahí es lo que uno con un gran esfuerzo puede llegar a suponer que se trata de una “autocrítica”. E inmediatamente después de eso, todas las baterías apuntadas hacia el mismo lugar de siempre: la estructura orgánica del Frente Amplio.
De acuerdo a lo que informa la prensa: Astori habría dicho que hay una distancia muy clara entre lo que piensa y resuelve la estructura frentista y lo que piensa el pueblo frentista. “Luchamos por la democracia en el país y queremos más democracia en el Frente”. La democracia interna de la coalición está cuestionada por la distorsión de las representatividades que existen en la estructura donde pequeños grupos desde el punto de vista electoral tiene un peso muy importante en los organismos de decisión. Como se recordará el Plenario del Frente Amplio, elegido solo por algunos miles de adherentes al FA, obligó a los legisladores, que tiene más de un millón de votos, a que votaron lo que en ese organismo se había resuelto. El Frente Amplio está en una crisis entre su electorado y simpatizantes, su estructura y dinámica interna, sus legisladores y su propia gestión gubernamental. Astori ha llamado a mejorar el clima interno, a dejar de lado reproches y en especial reivindicó el papel de Asamblea Uruguay de la que dijo:” Sobre eso a los integrantes de la AU no hay que explicarles nada, porque nunca fallamos en nuestros 17 años de vida, siempre aceptamos lo que resolvió la mayoría".CUANDO SE TIENE RAZÓN…
Cuando el compañero Astori habla de “desprolijidad política” y de un nivel de contradicciones importante, no podemos más que estar de acuerdo. Y un solo ejemplo basta para demostrarlo.
El 24 de setiembre de 2010, el diario La República anunciaba que la Mesa Política del Frente Amplio aprobó un texto interpretativo para que lo impulsen sus legisladores. La iniciativa resuelve –decía el artículo- la dificultad de anular los efectos de la Ley de Caducidad mediante tres artículos que "interpretan" obligatoriamente que los artículos 1, 3 y 4 de esa norma son "inaplicables" y que los juicios cerrados por su aplicación pueden ser reabiertos. Astori señaló que "en esa propuesta hay participación de muchos compañeros y compañeras, incluso miembros del gobierno también, que han dado su opinión. Recuerden también que esto viene vinculado con una demanda que ha sufrido, o ha recibido mejor dicho, el Estado uruguayo en cuanto a acciones referidas al campo de Derechos Humanos".
El 20 de octubre de 2010, La República mostraba las opiniones dentro de la izquierda sobre el proyecto interpretativo que se iba a aprobar, y decía: “El vicepresidente argumentó que la Ley de Caducidad no debería estar en el ordenamiento jurídico del país porque es inconstitucional. Agregó que el texto propuesto no violenta las dos consultas realizadas a la ciudadanía. "Es un texto que la deja sin efecto y la declara inaplicable en orden a dos tipos de argumentos: la Constitución de la República y los tratados internacionales que ha suscrito el país", comentó. Agregó que "en el primer referéndum se le preguntó a la ciudadanía si se deseaba derogar la referida Ley y la ciudadanía contestó que no; en el segundo caso se le preguntó si se deseaba anular la Ley y la ciudadanía contestó que no". "Este texto no es ni una cosa ni la otra, es un texto que deja sin efecto la Ley y la declara inaplicable en orden a dos tipos de argumentos: la Constitución de la República y los tratados internacionales que ha suscripto el país", añadió Astori. Por consiguiente, indicó que votará favorablemente el mencionado proyecto de ley”.Argumentación clara y contundente del compañero Astori, que compartimos de principio a fin.
El 12 de abril, y en consonancia con lo anterior, el compañero Danilo Astori levantó su mano en el Senado para aprobar el proyecto. Pero curiosamente, pocos días después, en una entrevista en el diario El País, sale a decir:“Pensaba y pienso que lo mejor para dejar sin efecto la impunidad de crímenes cometidos en el pasado es la derogación de la ley de Caducidad. Estamos viendo, en el trámite del proyecto interpretativo, las consecuencias negativas que puede tener desde el punto de vista político y jurídico el camino que hoy se está siguiendo y por eso este compás de espera que tenemos ahora".
Esto es, luego de que el proyecto había sido aprobado en la Cámara de Diputados, y luego de que –con modificaciones- había sido votado en la Cámara de Senadores. Y pocos días después concurre al Parlamento, junto al presidente Mujica, a pedirle a los parlamentarios del FA que no voten el proyecto.
Sin dudas, no podemos dejar de estar de acuerdo, se trata de enormes desprolijidades políticas y de un nivel de contradicciones importantes. En cuanto a la disciplina partidaria, y a la afirmación del compañero Astori de que “nunca fallamos en nuestros 17 años de vida, siempre aceptamos lo que resolvió la mayoría”, permítaseme relativizarla. La disciplina partidaria implica aceptar la decisión de la mayoría y trabajar por ella; porque si acepto la decisión y luego trabajo en contra… ¿QUE CULPA TIENE EL TOMATE?
Pero lo que no puede entenderse de ninguna manera, es que a raíz del proceso que culminó en la no aprobación del proyecto interpretativo se concluya en que “existe una contradicción entre la estructura del FA y la voluntad frentista”. Y menos aún, puede entenderse la afirmación de que la estructura en el FA ya "no representa al pueblo frenteamplista, ni los valores de las organizaciones sociales". Porque está claro que no ha habido mayor coincidencia que entre las resoluciones de la estructura del FA y los valores de las organizaciones sociales, que no han hecho otra cosa que luchar contra la impunidad desde que la misma se instaló en este país.
Al parecer –de acuerdo al menos a lo que informa una nota de El País- se trata de “una movida para quitarle poder a las bases”. En caso de que fracase la negociación –dice la referida nota-, Asamblea Uruguay, el sector que lidera Astori, convocará a un "plebiscito interno" para que los frenteamplistas decidan qué hacer con las bases. Si eso es todo, si algunos sectores del FA entienden que los problemas del FA se deben al poder de las bases, y si creen que los problemas del FA se solucionan quitándoles poder a estas, entonces estamos en graves problemas, porque estaría demostrando una pobreza ideológica de magnitudes gigantescas, y una ceguera imperdonable.
Entre otras cosas, porque el proyecto interpretativo que terminaba con la impunidad, no fue elaborado por las bases, sino por los sectores políticos, fue aprobado en la Mesa Política Nacional (integrada por los mismos sectores que están en el Parlamento) y enviado a la Cámara de Diputados donde fue votado por los 50 diputados (ninguno de ellos de las bases, obviamente), se le hicieron modificaciones por parte de los sectores políticos en el Parlamento para que pudiera ser aprobado en el Senado, y allí fue votado por todos los senadores (ninguno es de las bases), con el único voto contrario de Saravia; las bases tienen en el Plenario Nacional apenas el 50% de los votos, y las resoluciones sobre la ley interpretativa siempre fueron tomadas por UNANIMIDAD, es decir, por las bases sí, pero también por todos los sectores; y finalmente, quienes echan a perder todo el proceso son el presidente y el vicepresidente, quienes van al Parlamento a pedir que no se vote (ambos pertenecientes a sectores políticos, no a las bases). Pero resulta que parece que el problema es el poder que tienen las bases, y todo se soluciona quitándoles parte de ese poder.

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